El ex presidente Mauricio Macri vueve a mostrar un cinismo de proporciones. Durante su breve paso por la Casa Rosada hizo encarcelar a dueños de medios de comunicación opositores -que hoy es materia de investigación penal-, amenazó con cerrar diarios y persiguió y encarceló a tuiteros sobre la base de que sus opiniones y hasta bromas eran consideradas «amenazas» para la seguridad presidencial.
Así, con esa cara de piedra ahora acusa al Gobierno peronista de querer regular las redes sociales y advirtió que se podría avanzar hacia la «censura o vigilancia».
«A diferencia de la mayoría de los dirigentes del oficialismo, incluyendo al presidente y a la vicepresidente, yo nunca bloqueé a un usuario en Twitter y nunca lo haré. No importa lo que digan», sostuvo el líder del PRO.
A través de su cuenta de Facebook, el ex mandatario se refirió a la polémica abierta por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y publicó un texto titulado «Soy un absolutista de la libertad de expresión».
«Desde mi punto de vista, el único límite que debe existir para las expresiones públicas en redes sociales o en cualquier plataforma de comunicación, son los contemplados por la Constitución Nacional y el código penal y la facultad de intervenir de la Justicia Civil en los casos que corresponda. Todo lo demás es censura o vigilancia», remarcó Macri.
Y continuó: «La polémica sobre la libertad de expresión en las redes que se produjo ayer luego del desafortunado anuncio que hizo el Gobierno, al declarar que trabaja en un `pacto para el buen uso de redes sociales´ para que `dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia´, es una oportunidad para saber de qué lado de la democracia estamos».
Resulta imprescindible recordar lo que hizo su gobierno, por ejemplo, con Nicolás Lucero, de 20 años. Lucero publicó en 2016 un tuit con un cantito de una barra brava que hablaba de matar a Macri. A continuación, la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal intervino bajo el mando del Ministerio de Seguridad, que conducía Patricia Bullrich.
A Lucero lo fueron a buscar a la casa, se la allanaron y se lo llevaron detenido por un mes. No sirvió de nada que explicara que estaba replicando en un tuit un cantito que se escuchó en Chacarita. Se llevaron su celular, su computadora y, por las dudas, también la de su hermana. Le iniciaron una causa por presunta intimidación pública, que terminó recién en 2018 cuando fue declarado inocente. «Nunca tuve la intención de matar a nadie, era una canción», aclaró el joven, preso por tuitear en el gobierno de Macri.
Pero no solo persiguió a jóvenes que se expresaban en redes sociales. Amenazó con el cierre al diario Página 12 a raíz de una investigación sobre el blanqueo de millones de dólares que hizo el hermano del entonces presidente, Gianfranco Macri.
En la Agencia de Noticas Télam despidió por Home Banking a 357 trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos periodistas. Durante su Gobierno 3000 periodistas perdieron su trabajo.
También avanzó sobre el Grupo Indalo, dueño de la señal C5N, opositora en ese momento a Macri, que llevó a la prisión a sus dueños, Fabián de Souza y Cristóbal López. Al día de hoy, ambos mantienen una querella en la que se investiga si existió una persecución deliberada a dueños de medios de comunicación no afines al gobierno de Macri. Entre otras maniobras, se analizan acciones de una mesa judicial, de espionaje y hasta la creación de grupos de tareas especiales de la AFIP destinados a esos empresarios. Por esa causa, está prófugo Fabián Rodríguez Simón.
Hubo, además, un fichado de inteligencia de periodistas durante la cumbre del G-20, con caracterizaciones ideológicas de cada uno. Son solo algunos de los hechos que Macri, entre partida y partida de bridge, obvió al hablar de su compromiso con la libertad de expresión.
El adalid de la libertad de expresión se ocupó personalmente de arrasar con todo lo que hoy dice defender.
