Los cuatro abogados se desempeñaron en la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera hasta enero de 2020, donde Biancardi era la máxima autoridad. La denuncia detalla que este equipo de profesionales querelló 17 causas penales que tenían como imputada a la actual Vicepresidenta de la Nación, “promoviendo y solicitando en muchos casos pruebas inconducentes que lo único en lo que terminaban era en claras operaciones mediáticas contra la Vicepresidenta.”
Con el cambio de gestión, los abogados renunciaron a la UIF y conformaron el “Estudio Orazi, Biancardi & Olari Ugrotte Abogados y Consultores”. Biancardi y Olari ahora defienden a Pacheco y parte de su entorno familiar en una causa en la que se investigan diversos hechos constitutivos de narcotráfico y lavado de activos. “Con pocos meses de diferencia, las mismas personas están de un lado y del otro del mostrador, defendiendo intereses contrapuestos, y ello en un claro detrimento de los intereses del Estado Nacional”, señala Tailhade, y agrega que “no puede desconocerse la libertad de trabajar que garantiza nuestra Constitución Nacional, pero a esta altura vale cuestionarnos si es legalmente admisible que abogados que han patrocinado al organismo antilavado se pongan del otro lado del escritorio y defiendan a narcos y lavadores de activos.”
Según la presentación, los abogados denunciados además ofrecen a sus defendidos acogerse a la figura del “arrepentido”, “instrumento que se utilizó de manera indebida en las causas contra la Vicepresidenta de la Nación cuando ellos se encontraban accionando en representación de la UIF.”
“Es que la Unidad de Información Financiera no sólo los capacitó, sino también les abrió lo más preciado que tiene: el acceso a información sensible tanto del ámbito nacional como internacional. Esto no puede ser simplemente un escándalo, estos profesionales tienen responsabilidad penal”, sostiene Tailhade.
Entre las medidas solicitadas por el legislador, pide que se gire un oficio a la UIF para que especifique las causas judiciales en las que participaron en el tiempo que prestaron funciones en el organismo, y determine si se recibió algún tipo de reporte por las acciones investigadas en la causa Pacheco, así como especifique si la Unidad llevó a cabo algún tipo de colaboración en la investigación judicial.
La denuncia quedó asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4 a cargo de Ariel Lijo, e investigará el fiscal Carlos Stornelli.
