La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió una resolución en la cual decidió levantar las medidas cautelares dictadas en relación a una denuncia presentada sobre mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica, al constatar que no se pudieron comprobar esos hechos, y cuestionó la falta de cooperación por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo.
«En su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional. En otras palabras, que la gravísima denuncia formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer», se consigna en un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.
La Comisión también cuestionó «la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger», y valoró de modo positivo «el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente».
En su dictamen, la CIDH observa que «el Estado (argentino) ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde».
Y observa que los denunciantes no brindaron «soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo». En ese sentido, la resolución sostiene que «no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes».
«Si bien la representación (los denunciantes) ha continuado afirmando que existen ‘temor’, ‘amenazas’, ‘persecución’, entre otros, la Comisión no advierte información concreta respecto de cada una de las siete mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual», se indicó en el texto de la CIDH.
Y se remarcó que «la información disponible tampoco indica que el Estado se haya negado a brindarles algún tipo de protección en caso de que tales situaciones eventualmente se presenten».
«Por el contrario, — se insiste desde el organismo interamericano– la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares».
La denuncia internacional había comenzado el 12 de marzo de 2021, con una solicitud de medidas cautelares firmada por el dirigente indígena Félix Díaz y el ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y ex secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, en favor de 86 mujeres indígenas del oeste de Formosa, que «experimentaban temor fundado de distintas vejaciones».
No obstante, en su resolución del 16 de abril, la CIDH ya había descartado la existencia de «un patrón de cesáreas forzosas, separación de madres de sus hijos y otras alegaciones del mismo tenor, desacreditando así las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos generalizadas en Formosa».
La entidad concedió la medida de protección respecto a siete mujeres, «sin siquiera permitir al Estado brindar ningún descargo en relación con la veracidad de lo afirmado y sin conocer sus nombres y localización precisa con anterioridad al dictado de la decisión», indicaron fuentes de la Secretaría de DD.HH.
Mediante la resolución del 11 de julio, la CIDH resaltó que, tras evaluar la información aportada por el Estado, tampoco se verificó «ninguna amenaza concreta ni falta de atención médica en el caso de las siete mujeres indígenas sobre las que se concedió la medida», y por eso decidió cerrar el trámite internacional.
«Tras un exhaustivo trámite que requirió varios informes elaborados por las autoridades de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros organismos nacionales, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la CIDH dio a conocer ayer una resolución mediante la cual decidió levantar las medidas cautelares que había dictado el 16 de abril pasado», subrayaron voceros oficiales.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, remarcó hoy, a través de un hilo de Twitter, que el pronunciamiento de la CIDH «confirmó que era falsa la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte, en Formosa».
En relación a esa denuncia, el funcionario agregó que la conclusión del organismo hemisférico que promueve y protege los Derechos Humanos coincidió con lo que «venía señalando» la Secretaría que él encabeza.
Pietragalla, además, destacó que en el informe «la CIDH cuestiona la falta de colaboración de los denunciantes, el dirigente indígena Félix Díaz y el exsecretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal, Santiago Cantón, en brindar información para identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger».
En paralelo, la Fiscal de Estado de la provincia de Formosa, Stella Maris Zabala, señaló que la administración provincial, tras el pedido de explicaciones de la CIDH, respondió que todas las mujeres del colectivo de mujeres indígenas embarazadas habían sido «debidamente asistidas por el sistema sanitario provincial cuando tuvieron sus hijos».
Además, en relación a la denuncia que instaló el tema desde un programa del Grupo Clarín, Zabala se preguntó: «¿Quién se hace cargo del daño que se le hizo a la provincia y a los profesionales de la salud que denodadamente trabajan para cuidar la salud de los formoseños?»
Y en el mismo sentido, añadió: «El daño que hicieron los medios de comunicación es muy grave».
