La fiscal aceptó la ampliación de la denuncia presentada por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés el 25 de junio, y pidió medidas de prueba para “establecer si dichos encuentros entre el ex Presidente de la Nación y el Juez de Cámara fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción de los Dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en función de un interés distinto al que debía guiar las decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Casación Federal”.
Mangano le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa, que requiera a la Cámara Federal de Casación Penal que informe si en virtud de los sucesos denunciados y específicamente con relación Borinsky, “se iniciaron actuaciones, se labraron constancias, se cursaron comunicaciones a otros organismos competentes o se celebraron acuerdos de magistrados”. También que se consulte a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación si existen actuaciones, denuncias o comunicaciones vinculadas a los hechos denunciados con relación a Borinsky.
Asimismo, la fiscal requirió que se solicite a la Secretaría General de la Presidencia que, a través de Casa Militar, informe los nombres del personal administrativo que cumplió funciones en la Secretaría Privada de Presidencia los días y horarios en los que se produjeron los encuentros detallados en las denuncias y se recabe información de contacto para su posterior citación a declaración testimonial. Lo mismo para el personal administrativo que estuvo en funciones en protocolo o secretaría privada en la Quinta Presidencial de Olivos.
