Por Gabriel Eiriz
La Abogada Valeria Carreras, representante -junto a la Dra. Lorena Arias- del grupo mayoritario de familiares de víctimas del siniestrado submarino Ara San Juan, presentó este martes un escrito en el juzgado federal de Dolores en el marco de la causa que investiga la extorsión triangulada por la cual se procesó al periodista de Clarín, Daniel Santoro, para que se investiguen sus teléfonos, correos y servicios de mensajería con el objeto de comprobar si el operador mediático funcional al macrismo incurrió en otra caso de extorsión en el marco de lo que fue la búsqueda del navío, cuando aún no se conocía la fatídica suerte del mismo.
En concreto, Carreras sospecha que el comunicador utilizó, una vez más, el modus operandi que quedó probado en la investigación iniciada por el juez Alejo Ramos Padilla para extorsionar. Esto es la utilización de medios de comunicación para enviar mensajes y apretar a empresarios y luego sacarles dinero a cambio de silenciar sus denuncias mediáticas. Práctica en la que tenía como asociado ilícito al falso abogado, Marcelo Sebastián D`Alessio. También procesado y preso en el penal de Ezeiza.
En tal sentido, la querella mayoritaria del Ara San Juan solicitó al juez subrogante Martín Brava, medidas concretas de prueba que van, desde detalle de intercambio de mails entre el periodista y cartera del Ministerio de Defensa a cargo entonces de Oscar Aguad, la cartera de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich, la Armada Argentina, la secretaria de Energía que lideraba el petrolero Juan José Aranguren luego sucedido por Javier Iguacel, como también intercambios con los CEOS de la empresa de búsqueda Ocean Infinity y las empresas que licitaron las zonas coincidentes con la búsqueda del submarino y los 44 tripulantes, que luego ganaron licencias de explotación de hidrocarburos, cuyo llamado a licitación quedó plasmado en el decreto 872-2018, firmado por el expresidente Mauricio Macri.
Según explicó al abogada a PORTAL DE NOTICIAS, un artículo publicado en noviembre de 2018 el diario Clarín, desde donde Santoro solía difundir información bajo estrictas directivas del gobierno macrista para despistar a la opinión pública sobre el destino final del submarino, «llamativamente no se circunscribía en la línea editorial que mantenía el periodista y dejaba preguntas que sugerían que las operaciones de búsqueda del navío conectaban con oscuras intenciones de la empresa norteamericana, Ocean Infinity, en cartografiar el lecho submarino de la cuenca de Malvinas en busca de recursos hidrocarburíferos», para luego licitar al Gobierno macrista la explotación de los mismos. Todo este procedimiento sería enmascarado con la pretensión de localizar la ubicación final del submarino. En realidad, lo que presuntamente perseguían era dar con puntos exactos donde pudieran extraer petróleo crudo y a la hora de presentarse en la licitación que preparaba el exministro Aranguren, contar la información específica de qué cuadrante -geolocalización- licitar y no errar en la búsqueda. Pues ya tendrían la información necesaria para llenar los tanques de sus barcos petroleros.
Bajo el título: Submarino ARA San Juan: dudas sobre el derrotero que hizo el Seabed para buscarlo, el periodista de la coroporación mediática se preguntaba cosas tales como: “Más allá del hallazgo, la forma en que se buscó abre una serie de interrogantes que se preguntan los expertos submarinistas: ¿Por qué los observadores de la Armada y de los familiares embarcados en el Seabed no tenían acceso al cuarto de procesamiento ni a las imágenes crudas que mandaban los minisubmarinos?. ¿Por qué el Seabed empezó su primera etapa de la búsqueda, que duró dos meses, con las áreas no prioritarias fijadas en el operativo internacional?”
También cuestionaba: “¿Por qué se buscó recién ahora en la zona que la Armada ya había indicado en noviembre de 2017 como la más probable para encontrarlo? ¿Por qué se mandaron medios a zonas de las que se sabía que, por estudios de cinemática, era imposible que el San Juan estuviera?. ¿Por qué se tomaron los indicios de supuestos ruidos de golpes en el casco como válidos o
probables cuando toda la evidencia técnica sustentaba sus descartes como puntos de contacto?.
Según el contrato, ¿la empresa Ocean Infinity podrá hacer uso de toda la información estratégica del lecho marino argentino que juntó en estos días?, se preguntaba Santoro entonces.
Y la última duda que propuso: ¿se esperó buscar en esta área para llegar cerca dela fecha del primer aniversario y así tener más impacto?”
Concluyó el periodista que “Una de las respuestas… es que el 6 de noviembre el Gobierno lanzó una licitación para la búsqueda de petróleo y gas en el mar argentino y hay 20 multinacionales interesadas. Algunas de las áreas a licitar coinciden con las áreas rastreadas para buscar el San Juan.”
El artículo de Santoro cuestionando las operaciones de Ocean Infinity: https://www.clarin.com/politica/dudas-derrotero-hizo-seabed-buscar-submarino-san-juan_0_YTfa3WW_e.html
Semejante denuncia encubierta en la forma interrogativa merecía continuidad en la investigación, práctica habitual y casi obligatoria del buen periodismo. Sin embargo, luego de la publicación de esta nota, el tema se silenció para siempre. No se volvió a publicar una línea al respecto en el gran diario argentino. ¿Raro, no?. O quizá, lo que relamente sucedió es que Santoro recibió una reprimenda de parte de la Casa Rosada, o bien, un abultado maletín lleno de dólares para dejar el tema a un lado. En cualquier caso, el gobierno de Cambiemos no podía desconocer la operaratoria.
No es la primera vez, que la querella mayoritaria realiza una presentación en el marco de la misma instrucción que tramita por extorsiones y que tiene a Santoro bajo la lupa, planteando que una de sus notas referida a dudas sobre la búsqueda y hallazgo del submarino podría haber sido utilizada para extorsionar. En octubre de 2019, las letradas patrocinantes de las familias de las víctimas del ARA San Juan solicitaron al Juez Villena de Lomas de Zamora, en la causa de ESPIONAJE ILEGAL, que requiera la totalidad de artículos periodísticos publicados por Santoro en Clarín sobre el Ara San Juan para analizar la línea editorial de los mismos y que se verifique si los familiares de los tripulantes del ARA SAN JUAN habían sido uno de los objetivos de dicho despliegue de inteligencia ilegal .- Algo que meses después sería una certeza denunciada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. También se solicitaba oportunamente un cruzamiento de llamados y mensajes del periodista con el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña Braun para investigar la línea argumental de Santoro.
La semana pasada, el juez federal Martín Bava amplió el procesamiento del periodista Daniel Santoro como supuesto partícipe necesario de un intento de extorsión al empresario Mario Cifuentes, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal.
Bava tiene a cargo como juez subrogante la causa por espionaje ilegal en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio que se tramita en los tribunales de Dolores, en reemplazo del magistrado Alejo Ramos Padilla, quien fue nombrado al frente de un juzgado en La Plata.
Según la resolución en la que amplió sin prisión preventiva el procesamiento de Santoro, «se encuentra acreditado que el empresario Cifuentes se encontraba sufriendo en forma sincrónica la extorsión explícita por parte de D’Alessio».
Además, está acreditado que en el marco de esas extorsiones, D´Alessio intercambió información con el periodista «respecto de la víctima, en el mismo tiempo en que se sucedían los aportes del imputado para el desarrollo de la extorsión», que no llegó a concretarse.
