Luego varias idas y venidas respecto del recorte en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que decidió el presidente Alberto Fernández en el marco de lo que fue el traspaso de la Policía llevado adelante por el expresidente Mauricio Macri a esa jurisdicción, y en medio de una disputa judicial que se dirime en la Corte Suprema de justicia, este martes a las 17 horas, finalmente, se reunirán en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, los ministros Wado de Pedro y Martín Guzman con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta para analizar los fondos reales que le corresponden a CABA para financiar a la fuerza de Seguridad porteña.
Según informaron fuentes de Presidencia, Gobierno nacional busca un diálogo franco, sin especulaciones y con los números sobre la mesa.
Desde un comienzo se apuntó a corregir el favoritismo con el que contó la Ciudad en detrimento con el resto de las provincias durante el gobierno de Macri. «No se trata de ningún capricho o avanzada: fue una promesa de campaña del Presidente poner en orden las cuentas de las provincias y de la Ciudad», explicaron a Portal de Noticias.
En rigor, la medida contó con el apoyo de todos los gobernadores, que coincidieron en que no se podía triplicar los recursos al distrito más rico del país.
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Esto fue ratificado por todos los gobernadores con la firma del pacto fiscal, incluyendo las administradas por Cambiemos, como Jujuy o Mendoza; y otras como Neuquén y Río Negro. En este consenso, que está próximo a ser sancionado en Diputados, los gobernadores dejan en claro que las funciones traspasadas del gobierno nacional a cualquiera de las provincias deben ser por ley y no se puede utilizar la ley de coparticipación para transferir fondos.
Ciertamente, y aunque en la sede de Uspallata lo relativizan, con Rodríguez Larreta se venía dialogando desde fines de 2019. Incluso los equipos técnicos de Nación presentaron los informes que mostraban la transferencia indebida de recursos.
De hecho, ese traspaso en 2016 se hizo por decreto, de espaldas al Congreso, beneficiando al único distrito que gobernaba el PRO, sin que nadie auditara sus fondos.
Esta decisión, además, se enmarcó en un claro favoritismo hacia la Ciudad expresado en 700 millones de dólares para el Paseo del Bajo, 5.000 millones de pesos en elevación de viaductos y las transferencias de cientos de terrenos.
Esto fue parte de una mirada general que durante cuatro años fomentó una mayor concentración en desmedro de un país federal y un modelo de desarrollo equitativo.
Esta reunión se da luego de tres invitaciones de los ministros del Interior y Economía a las que el alcalde porteño decidió no asistir. La intención de Guzman y De Pedro siempre fue acordar de manera consensuada, y en el marco de la Ley 27.606, el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.
Horacio Rodríguez Larreta aceptó la cuarta invitación al diálogo una vez que el Congreso nacional sancionó la ley que aprobó el “Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El diálogo busca que ambas partes acuerden el monto por el cual se realizó el traspaso de la fuerza que Macri realizó por decreto. Incluso el ministro de Pedro y Rodríguez Larreta mantuvieron varios encuentros, que siguieron sus equipos técnicos, previo a la aparición de la pandemia.
El Ministerio del Interior y el de Economía elaboraron informes técnicos y llevaron adelante una negociación con las autoridades de la ciudad para corregir esta asimetría producto del incremento del 1,4% al 3,75% de los recursos entre 2016 y 2019 tras la transferencia de la policía a la CABA.
El 10 de septiembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 735/2020 mediante el cual oficializó la reasignación de 1,18 por ciento.
Ese mismo mes, el gobierno de la Ciudad presentó un reclamo ante la Corte Suprema.
En diciembre, el Senado le dio sanción a la Ley 27.606 y el 28 de ese mes fue promulgada por el Presidente. Precisamente, apenas sancionada la norma, Wado de Pedro y Guzmán invitaron por primera vez formalmente a Rodríguez Larreta para conformar una comisión bilateral y alcanzar un acuerdo consensuado en el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. Finalmente, el jefe de Gobierno porteño aceptó en la última invitación.
En el Consenso Fiscal, que Diputados está cerca de convertir en Ley, establece en un artículo que los gobernadores firmantes entienden que las funciones traspasadas del gobierno nacional a cualquiera de las provincias deben ser por ley y no se puede utilizar la ley de coparticipación para transferir fondos.
El traspaso en números (2016 – 2019)
*Monto aproximado: 200 mil millones (2016-2020) transferidos por el nuevo coeficiente. De ese total, 86 mil millones fueron en exceso (2016-2019).
– Con el decreto 705/03 del 26/03/2003, el PEN fijó un porcentual para determinar la participación que le corresponde a CABA equivalente al 1,4% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el art. 2 de la ley 23.548 (ley de Coparticipación Federal).
– Con el decreto 194/16 del 18/01/2016, se elevó ese coeficiente a 3,75%. La decisión de Macri despertó el reclamo de gobernadores, por lo que más adelante -Con el decreto 257/18 del 28/03/2018- se redujo esa alícuota al 3,5%.
Durante el período 2016/19, los Recursos de Origen Nacional percibidos por CABA excedieron a los gastos netos de la transferencia del servicio de seguridad en 86.269 millones de pesos.
El incremento en el índice de Coparticipación Federal necesario para que el GCBA afrontara en 2016 los gastos originados en la transferencia del servicio de seguridad, equivalía a un 0,92%, que sumados al 1,4% que recibía antes, totalizarían un 2,32% en lugar del 3,75% que percibió en 2016 y 2017 o el 3,5% que percibió en 2018 y 2019.
