El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado hoy por distintos delitos a raíz de no acatar el fallo que le ordenó ayer suspender las clases presenciales ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
A media mañana, al menos cinco eran las denuncias penales que habían sido sorteadas en diferentes juzgados mientras que la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini, informaron fuentes judiciales.
Carreras pidió al juzgado federal 1 que investigue al jefe de Gobierno por «resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia».
La abogada sostuvo que Rodríguez Larreta actuó «a sabiendas de la ilegalidad en insistir con la presencialidad de los alumnos a clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires» tras el fallo al respecto firmado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.
Carreras le reclamó a la Justicia que «ordene impedir el acceso a las escuelas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires» con «el apoyo de la fuerza pública».
Por otro lado, las dos primeras denuncias del día por los delitos de «violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad» quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini.
Una de ellas la presentaron los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno «ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)».
Otra de las denuncias que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini la presentó el abogado Daniel Valmaggia por «instigación a cometer delito, abuso de autoridad» y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.
Otra denuncia presentada en el transcurso de la mañana fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, denunció a Rodríguez Larreta por «propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes».
En diálogo con esta agencia, Catalaño explicó que la denuncia fue realizada «en contra de Larreta por violar el artículo 205 del Código Penal, desconociendo una medida sanitaria mientras favorece la propagación del virus y desobedece una medida judicial».
Esta denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Por su parte, el abogado Adrián Albor denunció a Rodríguez Larreta por «asonada» en una presentación que quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini.
En tanto, el abogado Adrián Albor, Presidente de la Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico en los tribunales de Comodoro Py, lo denunció por el delito de “sedición”, por llamar a desobedecer a la justicia y “alzarse” para impedir la ejecución de las disposiciones del Presidente y resoluciones. También por la posible figura penal de instigación a cometer delitos con prisión de hasta 6 años.
“El incuso, en su carácter de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se ha alzado públicamente para impedir la ejecución de las resoluciones del Presidente de la Nación Argentina, conforme lo prevé el art. 230 inciso 2do del Código Penal Argentino, que tipifica el delito de Sedición”.
Según la denuncia, Rodríguez Larreta “ha incumplido y llamado a incumplir algunas de las reglas sanitarias consagradas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 241/2021, que -entre otras medidas- prevé la realización de clases no presenciales entre el 19 y el 30 de abril inclusive, en las instituciones escolares de todos los niveles educativos del AMBA”.
Los jueces a cargo de las diferentes denuncias tendrán que resolver ahora si quedan unificadas en un sólo juzgado.
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