El equipo de comunicación del Jefe de Gobierno porteño dejó trascender que esta noche habría una conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad. Sería en relación a las clases presenciales de este lunes. Al parecer en la sede de Uspallata esperan un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, quienes tendrían cocinada una resolución a favor de reclamo presentado por familias porteñas que van en dirección de declarar la nulidad de los alcances del DNU presidencial que suspendió la presencialidad hasta el 30 de abril. Es lo que espera el alcalde porteño.
De confirmarse esta situación, se afectaría una decisión presidencial tendiente a cuidar la salud de las y los argentinos y se abriría un nuevo capítulo en el conflicto entre Nación y la Ciudad que nadie sabe hasta donde podría escalar. Lo mismo sucedería en terminos sociales ya que una decisión de la Justicia en este sentido sería casi como una incitación a la rebelión y al no cumplimiento de cualquier decisión presidencial en el futuro. Una verdadera vergüenza jurídica.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su gabinete están en permanente contacto vía Zoom, preparando una eventual comunicación pública sobre cómo garantizarán las clases ya que evidentemente tienen noticias de lo que discuten los jueces. Una muestra más de la injerencia PRO en la Justicia.
Lo cierto es que pese a las nuevas restricciones que rigen desde las 0 horas del viernes, hoy hay mil casos más que el domingo pasado. En las últimas 24 horas se reportaron 16.267 nuevos contagios contra 15.262 del mismo día la semana pasada.
Otro capítulo es el de los sindicatos docentes porteños, que de salir un fallo contrario a la decisión del Gobierno podrían convocar un paro para frenar la avanzada de Larreta en su jugada política.
Durante la mañana de hoy se conoció que la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas este lunes pese al decreto del Gobierno Nacional que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital.
Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
En concreto, estas dos organizaciones interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU del presidente Alberto Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas.
Acto seguido, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y ahora deberá resolver. La prohibición del dictado de clases presenciales alcanza a 2.359 unidades educativas que nuclean a una población de 600.000 alumnos.
En una primer momento, el reclamo fue a parar al despacho del juez del fuero contencioso administrativo Marcelo Segón, quien consideró que no debía intervenir y pidió que todo sea enviado a su par Romina Tesone, que el viernes por la noche se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres.
La magistrada explicó que como la Ciudad ya recurrió a la Corte, ahora se debe esperar la resolución del Máximo Tribunal. Luego, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques.
El MPF resolvió hacer lugar al pedido de los amparos: garantizar las escuelas abiertas este lunes, y así, anular los alcances del DNU en este aspecto.
Mientras tanto, Rodríguez Larreta también espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá tratar el amparo presentado por su administración para declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. El viernes pasado -en una opinión no vinculante para el máximo tribunal- la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir en dicha causa. No obstante, no se refirió al fondo de la cuestión discutida, sino solo a la competencia.
