El Grupo Macri, que controló el Correo Argentino entre 1997 y 2003 mantiene una escandalosa deuda que, sumados los intereses, asciende a un monto que ronda los 7 mil millones de pesos. Sin embrago, en la última propuesta que elevó para evitar la quiebra de la firma controlante ofreció una magra suma (en relación al capital adeudado) de mil cien millones de pesos, una fracción del monto real. Además, hace años viene dilatando el concurso de acreedores abierto por la jueza Marta Cirulli y la fiscal Gabriela Boquín, con la firme idea de volver al poder y arreglar las cosas
Ahora, ante el rechazo del Estado Argentino, el expresidente denuncia públicamente que es vícitma de una «venganza militante» y pide a la magistrada que suscribir a la oferta ya presentada por el grupo empresario Socma, la firma insignia de los Macri.
“Frente al atropello al margen de la ley del PTN (NdR: Procurador del Tesoro de la Nación) Zannini, espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza”, sostuvo el ex presidente en su cuenta personal de Twitter.
El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, rechazó este jueves la propuesta del Grupo Macri, mayor accionista de «Correo Argentino S.A.», para evitar la quiebra de la empresa y reclamó a la jueza que decrete la medida.
Zannini sostuvo en su presentación que la propuesta del Grupo Macri para salvar la quiebra pone en evidencia «su mala fe y conducta dilatoria».
Correo Argentino S.A. propuso a fines de marzo pagar 1.011 millones de pesos en concepto de deuda total por el canon impago y sus intereses derivados, una cifra que la fiscal Gabriela Boquín dictaminó es cinco veces menor al monto de la deuda.
«El salvataje no es una etapa apta para generar controversias y mayor litigiosidad», recordó Zannini en el escrito de 17 páginas presentado ayer, en el que abunda en consideraciones sobre el modo en que la empresa condujo la quiebra.
Por este motivo, la Procuración del Tesoro sostuvo que «evidentemente, el interés de Correo Argentino no está, ni estuvo nunca, centrado en obtener conformidades (para evitar la quiebra), sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión».
Zannini también rechazó la calificación de «acreedor hostil» que alegó la empresa concursada.
«¿Cómo podría seriamente aceptarse que el Estado es acreedor hostil cuando es la Concursada quien en la última propuesta formulada en el año 2016 realizó una oferta irrisoria?», se preguntaron los representantes del Tesoro, en referencia a los 292 millones que Correo S.A. dijo deber.
El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.
En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y «abusivos», según los dictámenes de la fiscal Boquín.
Por todo ello, el procurador, junto al subprocurador Horacio Diez, solicitó a la jueza Cirulli que decrete la quiebra de acuerdo a los términos del artículo 48 de la ley de quiebras.
