El juez Fabián Lorenzini ordenó este jueves la intervención de la empresa Vicentín por el término de 90 días hábiles judiciales, prorrogables, y la imposibilidad de comprar o vender acciones de la empresa concursada.

Si se tiene en cuenta que la intervención no tiene en cuenta los días sábados, domingos, y feriados, ni el mes de enero –por ser feria judicial– la intervención podría avanzar casi hasta el mes de mayo, y con la posibilidad de prorrogarse.

“En el proceso concursal se han sucedido diversos acontecimientos y actos jurídicos de relevancia que, en tan solo 9 meses de trámite judicial, nos colocan en un escenario sustancialmente diferente al que presenciamos el 10 de febrero de 2020, al momento de atender el pedido de apertura concursal, por parte de la sociedad Vicentín SAIC”, expresa el juez en uno de los párrafos de la resolución.

“Algunos de estos acontecimientos se han traducido en informaciones y actos procesales concursales que nos convencen de la necesidad de incrementar el grado de intervención asumido hasta este momento, con respecto a la administración societaria”, agrega.

El magistrado establece que los interventores, que serán Andrés Shocrón y María Victoria Stratta -en representación del gobierno provincial-, serán co-administradores, y actuarán “sin desplazamiento del actual Directorio”. El juez deja claro que “la principal motivación” para realizar la intervención es “la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este juzgado”.

“Cabe destacar aquí que, el retaceo de información, la obtención parcial y tardía de la misma o su acceso merced a intimaciones y emplazamientos, se ponderan como una conducta equiparable a la omisión en la medida que implican desconocer el deber de colaboración asumido voluntaria y libremente con la petición de apertura del proceso concursal”, sostiene en la resolución.

El juez realiza una enumeración de todas las informaciones que no le fueron brindadas al tribunal, entre ellas el tan esperado Balance 2019.

Además Lorenzini critica “el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31-10-2020 y la correspondiente memoria, como así también la elaboración de un plan de negocios que haya sido diseñado y expuesto a los acreedores o al tribunal”.

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