Una veintena de policías arremetió sobre un grupo de manifestantes reunidos el viernes en la plaza Italia de Santiago, epicentro de las manifestaciones sociales en Chile desde octubre del año pasado.
Uno de los policías arrolló hacia la baranda del puente Pio Nono sobre el río Mapocho al adolescente de 16 años, que cayó más de siete metros.
Carabineros sostiene que fue un accidente pero para la justicia el agente hizo uso excesivo de la fuerza y lo mandó a prisión por «homicidio frustrado».
Este martes, cuatro días después del incidente, el presidente Sebastián Piñera condenó el hecho.
«Condenamos clara y categóricamente cualquier atentado a los derechos humanos y también rechazamos cualquier desvío de los protocolos y las reglas que deben regir para la actuación de nuestras fuerzas de orden y seguridad», indicó Piñera en una declaración en el palacio de gobierno, donde también reiteró su «profundo respaldo» a la institución policial.
A días de cumplirse -el 18 de octubre- un año del mayor estallido social en décadas, que dejó unos 30 muertos y cientos de heridos, el incidente volvió a encender la calle. La policía fue acusada de violar los derechos humanos en la represión de las protestas y había prometido reformar sus procedimientos.
«Se han incorporado y renovado medios logísticos» y se trabaja en «la modernización institucional y en la formación continua del personal; por ejemplo, con capacitaciones y reentrenamientos en el ámbito de los derechos humanos», explicó a la AFP el general inspector Ricardo Yáñez, director de Orden y Seguridad de Carabineros.
Entre los cambios, destacó las «nuevas herramientas tangibles e intangibles», como nuevos carros lanza-agua, conocidos popularmente como ‘guanacos’, o una comunicación por altavoces «para informar a la ciudadanía» durante las manifestaciones. (AFP)
