Juan José Aranguren, ex ministro de Energía macrista y responsable de los insoportables aumentos de tarifas de los servicios públicos esenciales que tuvo que afrontar la población, junto a ex funcionarios de su área fueron imputados penalmente para ser investigados por las presuntas irregularidades en el tatrifazo del gas, lo que podría configurar un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al ex titular de la petrolera Shell en Argentina y a otros siete ex funcionarios a instancias de una denuncia que presentó el actual titular del ENARGAS, Federico Bernal.
Para iniciar la causa el fiscal solicitó las primeras medidas de prueba. Junto con Aranguren también fueron imputados Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente del ENARGAS; Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, ex directores del ENARGAS; Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales del ENARGAS.
La justicia investigará los «inéditos contratos en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas», tal como lo calificó el Enargas.
El hecho se inició en noviembre de 2017 cuando el Ministerio de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS ) y establecer por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares.
Luego, frente a la devaluación del peso en 2018, Aranguren buscó variar el valor del tipo de cambio para que fuera pagado por los usuarios y en cuotas y la diferencia por el estado nacional. “Las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”, explicó el fiscal.
Así, el Estado Nacional habría asumido mediante el decreto 1053/2018 “el pago de $ 24.524.715.128,43 correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período”.
