El gobernador Gerardo Morales I de Jujuy avanza sobre los municipios de esa provincia con el ejercicio de un control directo sobre la ejecución de los fondos que envía el gobierno Nacional.
La Legislatura provincia -controlada por el oficialismo- aprobó en las últimas la denominada ley de transparencia y control de la obra pública y políticas habitacionales, que habilita al Ejecutivo provincial a ejercer el contralor de la ejecución de los fondos que Nación envíe a los municipios.
La normativa, impulsada por el Ejecutivo jujeño, dice asegurar transparencia en la ejecución de la obra pública, aunque la oposición la criticó duramente al entender que «lo único que se busca es condicionar a los municipios, afectar su autonomía y violar la Constitución”.
De acuerdo con el proyecto, sancionado como ley Nº 6.179, se «considera procedente instituir mecanismos de contralor provincial de observancia obligatoria para la ejecución de la obra pública y para promover la eficacia en la materia».
Sobre el proyecto en general, la oposición criticó que «la norma afecta la autonomía de los municipios y viola la Constitución Nacional, que prescribe que se debe asegurar la autonomía» de las jurisdicciones.
«Este gobierno demostró que no le interesa nada la Constitución», dijo la legisladora del Frente de Todos Leila Chaher al asegurar que la norma «va en contra de la autonomía de los municipios», y reprochar que «se hable de transparencia cuando es justamente lo que falta en la provincia».
En tanto, el diputado Juan Cardozo, del mismo bloque, sostuvo que «lo que pretende el gobernador Gerardo Morales es seguir condicionando a todos los municipios: la única finalidad es política porque asumió con la promesa de 5.000 viviendas por año y no hizo ni la quinta parte».
