Por qué se retiró la O.A. como querellante contra CFK en Hotesur y Los Sauces

La oficina Anticorrupción a cargo de Félix Crous ya no persigue a la vicepresidenta y nunca debió estar involucrada ya que el Estado está representado en los fiscales.

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

Hay un revuelo importante en todos los sectores anti-K producto de la decisión del actual titular de la Oficina Anticorrupción, el abogado Félix Crous, en retirarse como querellante en las causas contra la expresidenta y actual vice, Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia. Los medios hegemónicos y los periodistas que responden al poder real pusieron el grito en el cielo y hablan de «blindaje» a la titular de la Cámara Alta. Dicen que «a esto volvieron», que se consuma «la corrupción K», y todo tipo de títulos rimbombantes totalmente alejados de la realidad.

Lo cierto, es que la modalidad persecutoria que le imprimió la extitular a cargo, la no abogada Laura Alonso fue, a todas luces, lo más parecido a una «SS macrista» puesta al servicio de la maquina judicial del Gobierno Anterior para encarcelar a todo lo que huela a kirchnerismo. Tanto es así, que la OA se alejó completamente de sus atribuciones y acaparó querellas, como estas, que no están dentro de sus jurisdicciones. Total, lo único importante era generar títulos para los grupos mediáticos concentrados.

La Oficina Anticorrupción debe accionar en causas donde se vea afectado el patrimonio del Estado nacional, algo que nada tiene que ver con las que tramitan en Comodoro Pro contra Cristina.

«Los delitos que se investigaron han sido básicamente el lavado de activos y el Estado tiene para eso la Unidad de Información Financiera», sostuvo el funcionario nacional.

El secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción afirmó que su «visión es que en aquellos casos en los cuales hay un organismo específico que tiene capacidad de querellar, la decisión tiene que ser de ese organismo».

«Nunca debimos ser querellantes en estos juicios y los tribunales no deberían haberlo admitido», añadió el ex fiscal.

Tal como describió Crous, “Nosotros estamos emprolijando nuestras intervenciones. Yo dije cuando asumí que íbamos a tener una intervención restrictiva en la vida judicial y en eso estamos”.

En el texto enviado deelectróicamente a Comodoro Py, el organismo detalla que en las dos investigaciones “el debido impulso de la acción penal (…) se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”

La intervención judicial de la OA durante el macrismo significó un desequilibrio en las causas, en detrimento de los acusados: “El Estado ya tiene un representante en los juicios, que es el fiscal. La querella está pensada para los particulares damnificados institucionales o personales. Y hay casos en los que hay hasta cuatro entidades estatales frente al abogado defensor. Eso viola la libertad de armas”, consignó Crous.

En Hotesur y Los Sauces eran tres los organismos del Estado que llevan adelante la acusación.

Los dos expedientes, casi mellizos y cargados de irregularidades, fueron unificados luego de la etapa de instrucción y se encaminan a un único juicio oral a cargo de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.

Hotesur, se inició a fines de 2014 basada en una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer. En mayo de 2018, Cristina Kirchner fue procesada junto a su hija Florencia y su hijo Máximo. El juez Julián Ercolini cerró la investigación en febrero de este año. Cristina Kirchner denunció oportunamente que los datos obtenidos por Stolbizer surgieron de un allanamiento realizado por Bonadío en el marco de otro expediente.

Los Sauces, es una investigación igualita a Hotesur y fue instruida por Claudio Bonadío. El expediente buscó establecer que los alquileres de los hoteles de la familia Kirchner eran el producto de «coimas» a cambio de beneficiar a Lázaro Báez y a Fabián De Souza con adjudicaciones de obra pública. La representación legal de la defensa sostiene que esos alquileres son legales y que están debidamente registrados, cobrados con instrumentos bancarios y que al ajustarse a precios de mercado no pueden contener sobreprecios.

print

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here