El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui quedó imputado en una causa judicial que investiga la condonación de unos 35 mil millones de pesos a las distribuidoras de energía Edenor y Edesur.
El fiscal en lo Criminal y Correccional Federal n° 5 Franco Picardi resolvió impulsar la acción penal contra Lopetegui y Garade a quienes se les imputó los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La causa inició luego de una denuncia presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade tras un acuerdo alcanzado entre las eléctricas y el gobierno de Mauricio Macri por el cual se le condonaron las multas que las empresas debían haber abonado a los usuarios a razón de 7 mil pesos para cada uno de ellos.
De acuerdo con la normativa vigente los montos de las multas que se le imponen a las distribuidoras de energía eléctrica pueden ser destinados a la ejecución de inversiones adicionales. Sin embargo esto pueden hacerlo siempre y cuando las compañías hayan mantenido una calidad de servicio superior a los índices de la calidad media de referencia.
De no cumplir con este requisito mínimo las empresas están obligadas a abonar las sanciones acreditando las sumas correspondientes en las cuentas de los usuarios.
Según denunció Tailhade «las concesionarias no lograron mantener una calidad del servicio superior a la calidad media de referencia, motivo por el cual la casi totalidad de las sanciones impuestas a las concesionarias deberían haber sido abonadas por éstas a los respectivos usuarios”.
De acuerdo a la presentación del legislador, el gobierno de Macri incumplió la ley al permitirle a Edenor y Edesur a destinar a inversiones las sanciones por 35 mil millones de pesos que adeudaban. ¿Por qué aseguran que se benefició indebidamente a las eléctricas? Porque según surge de la presentación que analizó el fiscal Picardi Edenor sólo habría cumplido con los parámetros de calidad en dos semestres (entre marzo y agosto de 2006 y mismo periodo de 2007) mientras que Edesur lo habría hecho únicamente entre marzo y agosto de 2006, por lo tanto habría correspondido que las empresas depositen el dinero en las cuentas de los usuarios.
En lea causa también quedó imputado el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade
