El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández cargó duro contra el relato instalado por Luis Majul y Jorge Lanata sobre la existencia de una supuesta «Operación Puf», presuntamente orquestada por presos K para esmerilar la causa de las Fotocopias de los Cuadernos.
En una serie de tuits desarmó lo que desde los medios hegemónicos presentaron como un armado orquestado desde el Instituto Patria para correr al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio de la polémica causa que investiga supuestos pagos de coima en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Tampoco resulta ajeno que esto se ponga en conocimiento del gran público en la víspera de las elecciones. Lo que presentan como una opereta K, tiene todas los condimentos de ser exactamente lo contrario, una operación del gobierno contra Cristina Kirchner y su compañero, que encabeza la fórmula presidencial, Alberto Fernández.
«Esos audios revelan el conocimiento previo de la notitia criminis que se presentaría en el juzgado federal de Dolores. Adviértase que una cosa es tener conocimiento de la inminente presentación de una denuncia -lo que no configura delito- de conocer la realización de un delito», explicó Aníbal Fernández a través de sus redes sociales tras la emisión este domingo de los programas La Cornisa y Periodismo Para Todos, donde se emitieron una serie de escuchas que revelarían que ex funcionarios K siguieron desde la cárcel el paso a paso de la denuncia por extorsión antes de que esta se presentara en el juzgado de Dolores de Alejo Ramos Padilla.
En otro orden, la obtención y difusión de las escuchas entre personas privadas de su libertad con sus familiares y amigos solo refuerzan la hipótesis de la existencia de una banda dedicada a espiar ilegalmente y extorsionar, como hacía Marcelo D’Alessio presuntamente para Stornelli y Patricia Bullrich,
«Nada revelan los informes que mejore la posición procesal del fiscal Stornelli y Daniel Santoro. Para peor, el informe da cuenta que la denuncia está en conocimiento de Bonadío que es la supuesta vícitima. Es decir que víctima y juez son la misma figura. Escandaloso de nuevo…», arremetió Fernández.
Entre quienes conversaban están Roberto Baratta, exmano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido; el exembajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés; el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; y quien sería, según la denuncia de Elisa Carrió, el exfuncionario kirchnerista Carlos Zelkovicz. También aparece Claudio «Mono» Minnicelli, cuñado de De Vido.
Los audios se presentaron como una muestra del armado de la denuncia contra el fiscal Stornelli para intentar -según esgrimen desde la corpo- sacarlo de la causa «fotocopias»
Las escuchas, según La Cornisa de Luis Majul (programa que un rato antes difundió las transcripciones) «fueron obtenidas de manera legal por la intervención de los teléfonos en los establecimientos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz». La intervención fue ordenada en el marco de una causa contra el presunto narcotraficante Mario Segovia.
Sin embargo para el exjefe de Gabinete son «ilegales y obtenidos en franca violación a los derechos humanos de personas privadas de su libertad»
«El gobierno nacional distribuye audios ilegales obtenidos en franca violación a los derechos humanos de personas privadas de su libertad. Esos audios son distribuidos sistemáticamente a legisladores de la coalición cívica, la producción televisa de Majul y Lanata», concluyó Aníbal Fernández.
Finalmente, no escapa al análisis que en el piso de Luis Majul estuviera presente la no abogada y titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso avalando la difusión de estos audios ilegales. Tampoco sería ilógico pensar que ella misma facilitó el material a los periodistas alienados con el gobierno.
