El nuevo aumento en la tarifa eléctrica, que se implementó este viernes mediante la Resolución 366/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación, ya genera un profundo rechazo en la sociedad argentina, y quien ha elevado la voz es un incansable militante en lo que a rechazo de voraces incrementos refiere: el exjuez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias.
Sobre el aumento aplicado por el Ejecutivo en el costo de la electricidad mayorista (MEM), que habilitó a las distribuidoras del servicio de electricidad Edenor y Edesur a transferir ese aumento de la energía mayorista a los usuarios, Arias apuntó a la necesidad de tener en cuenta el denominado “fallo CEPIS”, que fue producto de la acción iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y que, tras haber obtenido una medida cautelar negativa en primera instancia en La Plata, de parte del juez Federal Alberto Recondo, la Cámara Federal le terminó dando la razón, dictando una medida cautelar suspendiendo el, en ese momento, aumento en la tarifa de gas.
“El fallo CEPIS estableció limites a los aumentos tarifarios; es decir, buscó fijar una verdadera política tarifaria”, sostuvo el dirigente del Frente Patria Grande en diálogo con ANDigital, y remarcó el posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mismo sentido: “Allí se determinó que los aumentos deben ser justos, razonables, no confiscatorios y proporcionales; los servicios son un derecho humano, y deben poder ser pagados por la gente”.
“Si bien todo se originó por la no realización inicial de audiencias públicas, en aquel momento la Corte fue más allá, fijando los límites que debe tener la potestad tarifaria del Estado, y ello no sólo en esta cuestión sino también en materia de desalojos”, aclaró el exmagistrado.
Respecto de esto, invocó la letra del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11º inciso 1º establece el derecho a la vivienda digna: “Éste no sólo apunta a estar entre 4 paredes, sino a iluminarse, a calentarse cuando haga frío, a tener agua potable y a poder cocinar los alimentos, por ejemplo”.
“Tanto la vivienda como los servicios deben ser asequibles; es decir que deben poder ser pagados por la gente, y este concepto se asocia al de razonabilidad, es decir que las tarifas deben ser justas y razonables”, estimó, y aclaró: “Para decirlo en criollo, se tienen que poder pagar”.
Siguiendo en esta línea, recordó que en Europa se desarrolló el concepto de “pobreza energética”, y que implica que quien paga más del 10 % de su salario en energía es un pobre energético, y en la Argentina el pago de las tarifas representan mas del 30 % del salario, con lo cual nosotros seriamos unos “indigentes energéticos”.
“Al Gobierno nunca le interesó la capacidad de pago del usuario, sino que ha preservado los intereses de las empresas, que han ganado sumas siderales a partir de estos cuadros tarifarios”, recalcó Arias, quien apuntó especialmente a tres empresarios relacionados del sector profundamente relacionados con el Gobierno: Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; Nicky Caputo, de Central Puerto SA, y Rogelio Pagano, quien controla prácticamente toda la luz de la provincia de Buenos Aires.
“Antes, el Estado subsidiaba a las familias y a la producción nacional, y hoy los usuarios subsidiamos a las grandes empresas energéticas; por eso estas inmensas ganancias de las empresas, cuyos procesos de capitalización de los últimos años se observan con claridad en la información oficial de la Bolsa de Valores”, disparó luego.
Sobre este punto, recordó que entre principios y mediados de 2016 había no menos de 50 jueces trabajando medidas para frenar los tarifazos, y que lo sucedido a la jueza Federal de San Martín Martina Fons –a quien le colocaron una granada de fabricación militar en las inmediaciones de su domicilio y a su esposo lo echaron de la administración pública nacional–, y a él mismo –destitución vía jury–, “se disciplinó a tal punto que hoy por hoy nadie está accionando, ningún juez quiere tomar este tipo de casos”.
Antes de terminar, Arias fue crítico en el “fallo CEPIS” de la Corte Suprema, en cuanto a que “el grave error es que sólo amparó con su decisión a los usuarios residenciales, dejando afuera los comercios, las industrias, las fábricas recuperadas, las cooperativas, las pymes y las asociaciones civiles, como los clubes de barrio… en definitiva, esto es una masacre social por goteo”. (ANDigital)
