El presidente Mauricio Macri anunció este lunes que a través de un DNU implementará la extinción de dominio para los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
«Voy a firmar un decreto para avanzar con la extinción de dominio y que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron», afirmó Macri, sin aclarar si su decreto también incluye familiares y amigos que pudieran ser el resultado de maniopbras financieras delictivas, el no pago de cánones, compromisos con el Estado o el producto de evasión multimillonaria vía empresas offshore. Todos delitos que se sospecha habrían incurrido en el entorno presidencial.
«Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado», remarcó Macri.
El Poder Ejecutivo ya había intentado impulsar un proyecto de ley en este sentido. En agosto pasado, el Senado dio media sanción.
Cuando volvió a Diputados para su segunda revisión, con los cambios acordados por la oposición, Cambiemos rechazó esas modificaciones y el debate se cayó a causa del mismo oficialismo, quien no quiso dar el brazo a torcer.
El Presidente señaló que con el dinero recuperado se construirán «escuelas, cloacas», y que también se podrán «subastar» los «campos, casas, barcos, autos y obras de arte» provenientes de estos delitos.
«En la Argentina, el que las hace las paga», enfatizó el mandatario nacional, en un breve anuncio.
Según explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el DNU permite que un juez civil «determine que esos bienes no los puede tener» un delincuente, independientemente de los procesos penales.
Finalmente, Macri sostuvo que «con este régimen de extinción de dominio estamos dando un paso adelante para que la Justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito y lo que han generado en la sociedad, también avanzar más rápido en recuperar esos bienes», apuntó.
Solicitó a los jueces y fiscales que «actúen rápido para ayudarnos en este esfuerzo que es el compromiso con la verdad y la transparencia».