Durante los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri la cantidad de beneficiarios aumentó levemente y alcanzó en 2017 a 1.048.000 personas. Esto representa una inversión para el Estado de $114.000 millones para el año próximo.
Por eso en 2017 el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley, instrumentó un drástico recorte que desató una ola de pedidos de amparo ante la Justicia y de las asociaciones de personas con discapacidad.
El Gobierno debió dar marcha atrás, despidió al funcionario responsable y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, a la cual se le trasladó la responsabilidad del pago de las pensiones por invalidez laboral.
Hace dos meses su titular, Santiago Ibarzábal, instrumentó un nuevo plan para depurar la nómina de beneficiarios: el objetivo es detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como irregularidades y situaciones de fraude.
Desde entonces ya se enviaron 9000 cartas documento; las personas intimadas son citadas a la Anses para que puedan ejercer su descargo y presentar las pruebas que, a su juicio, ameritan el cobro. Hasta ahora, 954 personas presentaron su descargo.
En la Agencia de Discapacidad no hay una estimación de la cantidad de incompatibilidades que se podrían detectar, aunque saltan a la vista situaciones anómalas que, sostienen, se deben corregir.
Como el año pasado en muchos casos se denunció la suspensión errónea del pago de pensiones, se estableció un número telefónico para que se comunicaran las personas que se encontraran en esta condición.
