La investigación de los periodistas Juan Amorín y Ari Lijalad sobre los aportes económicos truchos para la campaña legislativa de 2017, realizados en su inmensa mayoría por personas humildes, pareciera apuntar directamente a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
La única conclusión más plausible que arroja el análisis de documentos y balances del PRO bonaerense relacionados a la investigación que realizaron de El Destape.
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El 99% de los financistas truchos que mostró ese medio figuran como afiliados al partido que preside la gobernadora.
Tal como registran hasta ahora las investigaciones judiciales, se utilizaron las identidades de decenas de bonaerenses para encubrir el origen real de los fondos proselitistas, y la maniobra tiene forma piramidal. En la base, personas de extrema confianza de Vidal. En la cima, la gobernadora.
La investigación mostró el modus operandi de este desfalco millonario. Cambiemos utilizó las bases de datos de programas y monotributistas sociales; luego tomó las identidades de muchos beneficiarios para que figuraran como aportantes a la campaña electoral bonaerense, todos con pequeños aportes en efectivo.
La cadena de responsabilidades en torno al financiamiento de la campaña 2017 muestra a Vidal como presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires. Esto consta en los balances del partido y en las actas presentadas ante la Justicia Electoral.
Por ende, ella es la máxima responsable de esta maniobra como titular del partido que la llevó adelante, pero todavía es más responsable por las afiliaciones truchadas: según comprobó la Justicia Electoral a partir de lo publicado en semanas anteriores, el 99% de los aportantes están afiliados al PRO en la Provincia, por lo que la presidenta del partido quedará en la mira judicial cuando se crucen esos datos.
