En una de las semanas más siniestras para la sociedad, el desempleo se erige como un monumento de lo que dejará el paso de Cambiemos por la gestión nacional. Es que el mejor equipo en 50 años logro, en solo 30 meses, desandar un camino de generación de riqueza y acumulación de puestos de trabajo en todos los sectores de la economía.
Mientras se disputa la Copa del Mundo en Rusia, los medios de comunicación, en particular los oficialistas, corren el eje de atención de lo realmente importante: la estrepitosa caída de la economía, una profundización en la retracción del mercado interno y la ola de despidos que se conocieron luego del paro general.
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Más de 50 cesanteados en la Fundación Favaloro generaron medidas de fuerza en el gremio de la Sanidad donde también se produjeron 15 despidos en el Laboratorio Andrómaco y decenas en la empresa Vital. Se trata del gremio de origen de Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT.
El viernes último se conoció el cierre de la empresa ceramista tucumana Ranchillos, que dejó 45 trabajadores en la calle. El taller metalúrgico ECO TA, en Berazategui, decidió cesantear a 30 empleados que corresponden al 70% de su personal. La empresa de peajes de la ruta 11 de Santa Fe despidió esta semana a más de 120 empleados mientras que, luego del vencimiento de la conciliación obligatoria, la patronal de Radio del Plata no sólo ratificó los 30 despidos que habían generado el conflicto sino que los amplió hasta 42. El Diario de Paraná desvinculó a 30 trabajadores de prensa que se suman a los 57 despidos producidos durante el mes de mayo.
En el gremio pastelero, la empresa Pegasus que gestiona la cadena de helados Freddo y estaba vinculada al vicejefe de gabinete, Mario Quintana, anunció su intención de reducir cien empleos en su planta ubicada en Parque Patricios a través de retiros voluntarios de los cuales sustanciaron 40 en estos días.
Villa del Sur informó el despido de 44 operarios de su planta situada en Chascomús, mientras que la empresa de electrodomésticos MABE, situada en Haedo, desvinculó a 60 empleados como parte del desmantelamiento de su planta de producción. La compañía conservará apenas 30 trabajadores para atender el servicio técnico.
El jueves pasado se había conocido el cierre repentino de la empresa de jugos Vitacrem, ubicada en la ciudad entrerriana de Concordia y, días antes, en la misma provincia, la compañía química Unilever informó el despido de 21 operarios que fueron transitoriamente reincorporados a través de una conciliación obligatoria. Los delegados de la empresa marplatense Textilana denunciaron 30 bajas a través de un novedoso mecanismo de «renuncia con indemnización». En el mismo sector se registraron 40 despidos en Australtex de Tierra del Fuego.
En la La Pampa, luego de un largo conflicto y una vez vencida la conciliación obligatoria, la petrolera Vista ratificó el despido de 150 operarios.
El relevamiento parcial suma más de 1200 despidos que corresponden a lo que ocurrió apenas en la última semana, según Tiempo Argentino.
Además, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA), conducida por otro de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, se declaró en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de que se produzcan 200 cesantías de empleados de la Terminal Río de la Plata del Puerto de Buenos Aires. El gremio automotriz, SMATA, alertó la semana pasada acerca de la posibilidad de que se produzcan «miles de despidos y suspensiones».
Los 354 telegramas que también llegaron la semana pasada a los domicilios de los trabajadores de la agencia Télam explican, en parte, ese ajuste en el gasto público que impulsan desde el Ejecutivo tras firmar el acuerdo con el Fondo Monetario.
El programa de «dotaciones óptimas» del Ministerio de Modernización augura una nueva ofensiva sobre los empleados públicos nacionales, para quienes el gobierno tiene preparados unos 20 mil despidos más en el próximo período.
Los estatales, además, deberán soportar el congelamiento de la planta, del presupuesto para insumos y de sus propios salarios en la medida en que el gobierno los exceptuó de los beneficios que otorga el Decreto 508/18 que habilita un incremento adicional del 5% para aquellos convenios paritarios del sector privado que hubieran acordado una suba de salarios del 15 por ciento.
