El Gobierno pedirá el juicio político a Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo, todos integrantes de la Sala L de la Cámara Civil por haber dado la semana pasada el aval al Instituto Patria, que dirige Cristina Kircher, para reservarse los datos de sus asociados.
La Inspección General de Justicia (IGJ), del Ministerio de Justicia le solicitó al Consejo de la Magistratura, que domina el macrismo, que sancione a los camaristas por «dictar un fallo político»: «La sentencia está viciada de parcialidad y arbitrariedad», señaló el organismo que depende de Germán Garavano.
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Por ese motivo, la IGJ sancionó al Patria y en respuesta el instituto se presentó ante la justicia, donde la Sala L resolvió: «La manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia».
Ahora, Garavano vuelve a presionar al Poder Judicial con el argumento de que la resolución es contraria a la ley: «Puso en crisis al organismo vaciándolo de contenido con respecto a sus competencias en materia de asociaciones civiles», señaló el organismo.
«La IGJ solicitó datos de carácter meramente nominativos a los fines de poder fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios», dice le escrito, y justificó que por el fallo «no se podrá verificar la licitud o ilicitud del origen de los fondos» de la fundación opositora.
Para colmo, el organismo arremetió contra Pérez Pardo directamente, por figurar como vocal en Justicia Legítima, que fundó la ex procuradora Alejandra Gils Carbó: «La magistrada podría tener un interés en el resultado del pleito y es por eso que se tendría que haber excusado».
 pide el juicio político de los tres magistrados por un fallo que beneficia a la expresidenta Cristina Kirchner.){kind=link}