El Gobierno y el personal técnico del FMI alcanzaron un acuerdo sobre un Acuerdo Stand-By de alto acceso de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI).
El acuerdo a nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días. Las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, explicaron los detalles del acuerdo con el organismo multilateral. El anuncio, en el Centro Cultural Kirchner, se dio pocas horas después de que Christine Lagarde se reuniera con otros funcionarios del organismo para definir los puntos del préstamo.
Metas de resultado fiscal primario: déficits 2,7% del PBI en 2018 (vs. 3,2% con las metas previas); 1,3% en 2019 (vs. 2,2% antes); equilibrio primario en 2020 (vs. 1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes). En el acumulado 20182021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones. El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019.
Inflación: 17% para 2019, 13% para 2020 y 9% para 2021.
Reforma Carta Orgánica BCRA: Con el objetivo de reducir en forma sostenible la inflación es necesario fortalecer la situación patrimonial de las autoridad monetaria Banco Central que fue seriamente debilitada durante las últimas administraciones, se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica para reforzar su autonomía.
Plan social: se incluye explícitamente el monitoreo de indicadores sociales y, por primera vez en la historia en un programa con el FMI, una salvaguarda que permite incrementar el gasto social si el gobierno argentino lo considerara necesario. Esto significa que en caso de que la economía no creciera como espera el Gobierno, podrán realizarse ampliaciones de gasto focalizadas especialmente en los programas de asignaciones por hijo y embarazo. También incorpora medidas para promover la equidad de género y estimular la participación de la mujer en el mercado laboral.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO
