El Gobierno de Mauricio Macri necesita, si o si, una bocanada de aire verde para llegar a 2019 sin sucumbir ante la crisis económica. La caída de la imagen del presidente y su entorno amerita un rescate financiero para que «el populismo» no vuelva a interferir en los negocios bancarios que tanto le han aportado a la especulación financiera.
Por eso, el gobierno apurará esta semana la definición de un paquete de al menos US$ 30.000 millones con organismos multilaterales de crédito. Integrantes del equipo económico estuvieron hasta ayer en Washington negociando el sostén principal de ese paraguas financiero: un crédito stand by del Fondo Monetario. El auxilio incluye además conversaciones con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina.
El endeudamiento que dejarán los cuatro años del PRO en el poder no tienen parangón. A partir del próximo año habrá que destinar una inmensa porción del presupuesto para cubrir los servicios de deuda. Esto hace presumir que los recortes serán fenomenales y como corresponde a la derecha, serán sobre los gastos sociales, jubilaciones y empleo público.
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La entrada de dólares frescos busca enviar una fuerte señal al mercado para contrarrestar el la preocupación y el desencanto que hay con la Argentina.
Uno de los puntos claves de la negociación pasaría por conseguir un primer desembolso rápido. De ese modo, el Gobierno despejaría las dudas sobre el horizonte de cara a las elecciones 2019, algo que los inversores empezaron a monitorear más de cerca en las últimas horas.
Las necesidades de financiamiento para lo que resta el año, según una estimación de Eco Go, son U$S 3.701 millones. Y US$ 26.413 millones para el próximo. Aunque en Finanzas sostienen que el gap financiero de 2019 se achicaría – de los US$ 26.000 millones- por el ajuste fiscal.
A cambio de la ayuda financiera, el gobierno se compromete a llevar adelante un ajuste más rápido y profundo. La meta del déficit pasaría de 2,7% del PBI a 2,5% este año. Esto se conseguiría por la baja de gastos en la obra pública -se ejecutarán $30.000 millones menos-, del funcionamiento del Estado -se ahorrarán $ 26.400 millones en un año-, y eventualmente menos transferencias de capital a provincias, explican en el Gobierno.
El año próximo la meta fiscal rondaría 1,5% del PBI. Argentina se comprometería a seguir corrigiendo la cuenta de subsidios en 2019 (es decir más presión soblre el bolsillo de los asalariados) y otros precios como consecuencia del desequilibrio fiscal y el reacomodamiento del dólar de estas últimas semanas.
El viernes el Gobierno descartó el congelamiento de la nafta en línea con lo que varios economistas advirtieron tras la devaluación del peso: posponer la actualización de los costos con el sólo objetivo de mostrar cifras más bajas en la inflación, aumentaría el riesgo de acumular distorsiones. Por otro lado, y como señal de ahorro, en Hacienda calculan que detener la baja de las retenciones agregaría recursos por 0,3% del PBI. Pero eso está por verse. El Campo no quiere ceder ni un pedacito de todo lo que le dio el macrismo.