El Ministerio de Agroindustria que conduce el radical, Ricardo Buryaile, recortó un programa histórico que brinda asistencia técnica a pequeños y medianos productores y excluyó del beneficio a más de diez mil familias que viven en situación de vulnerabilidad y producen verduras de hoja para abastecer el mercado interno.
Desde esa cartera pusieron como condición para acceder al beneficio “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”, algo que deja afuera a más del 80 por ciento de los productores, en su mayoría bolivianos.
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra presentarán una denuncia ante el Inadi por considerar la nueva reglamentación como discriminatoria.
El Ministerio de Agroindustria publicó la semana pasada en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de Cambio Rural, un programa que existe desde 1993 y tiene como objetivo asistir técnicamente a los pequeños y medianos productores rurales “para mejorar su situación productiva y socioeconómica”. La resolución 249, publicada el 6 de septiembre, afirma que luego de veinte años de existencia, el programa “ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”.
Desde el Ministerio se propusieron corregir esta “desviación” a través de nuevos requisitos para acceder al programa. Entre ellos, remarcaron que para recibir el beneficio –el Ministerio solventa una parte de los honorarios de un ingeniero agrónomo que asiste al productor– hay que “ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”. La condición deja afuera a más del 80 por ciento de los productores que integran los cordones hortícolas periurbanos de Buenos Aires, Corrientes, Salta y Jujuy, en su mayoría inmigrantes de Bolivia.
Desde las organizaciones que agrupan a los pequeños productores advirtieron que el Ministerio ya recortó unos 780 cupos de Cambio Rural que asisten a estas familias, lo que significó también la pérdida de una fuente laboral para unos 500 ingenieros. Además remarcaron que recurrirán al Inadi por una medida que calificaron como discriminatoria ya que ni siquiera incluye a los argentinos nacionalizados. Muchos de los productores que hoy trabajan la tierra llegaron al país hace más de veinte años.
