Se trata de la avanzada que promueve el presidente Mauricio Macri contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien buscan remover del cargo a como dé lugar.
Los abogados Juan José Yanibelli y Pablo Perchia, en representación del Estado Nacional, se presentaron en la causa que impulsó la agrupación “Será Justicia” contra el Estado Nacional, para cuestionar la remoción del juicio político para el jefe de los fiscales.
Además de la presentación de los abogados, el juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli le rechazó a Gils Carbó presentarse en la causa en nombre del Ministerio Publico.
Según la presentación a la que accedió la prensa, el Gobierno pidió que oportunamente «se decrete la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 27.148”, en donde se establece que el jefe de los fiscales deberá ser removido por juicio político, como pasa con los máximos funcionarios del Ejecutivo o los integrantes de la Corte Suprema cuando se detecten que habrían cometido mal desempeño o delitos.
Lo hizo en base a pronunciamientos de la Corte Suprema en el caso de Ricardo Molina, que fue desplazado de la fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en la época de Carlos Menem, en donde se estableció que ese funcionario “no goza de inmunidad del artículo 45 de la Constitución Nacional, porque los únicos magistrados y funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político son los que enumera esa norma y una ley de rango inferior no puede crear más inmunidad que las que contiene la Carta Magna”.
La presentación fue hecha ante el juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli, quien le rechazó a Gils Carbó presentarse en la causa en nombre del Ministerio Público.
“La Procuración General de la Nación carece de un interés jurídico propio y tutelable que la habilite para intervenir como parte en estas actuaciones; interés que sí posee, en cambio, la titular del organismo, quienes, precisamente, sujeto del procedimiento previsto en la norma impugnada”, dijo el magistrado.
La habilitó a presentarse en el expediente, dentro de quince días, como un “un tercero” para “comparecer a juicio, hacer valer los derechos que estime corresponderle y tomar conocimientode todos los trámites ocurridos en la causa con anterioridad a su citación”, sostuvo la presentación.
La activación de la causa se provoca en un contexto en donde la procuradora ha denunciado que el presidente Mauricio Macri quiere destituirla para nombrar a un procurador afín.
Gils Carbó está citada a indagatoria para el próximo 31 de agosto en una causa en donde se investiga el pago de suculentas comisiones por la compra de un inmueble para la Procuración.
Además, esta semana la Unidad de Información Financiera –otra repartición oficial- reclamó en otra causa la citación de indagatoria de Gils Carbó en este caso por supuestamente haber direccionado el inicio de la causa por la ruta del dinero k y excluir el nombre de Lázaro Báez del dictamen original.
En ese sentido, la UIF hizo la presentación cuando todavía la Cámara Federal de Casación Penal no resolvió su legitimación en el expediente como parte querellante.