El recorte en las pensiones por discapacidad mostró esta semana la cara más cruel del ajuste macrista en los recursos destinados a los sectores más vulnerables. El diario Tiempo Argentino relevó diez programas y áreas sensibles de muestra para reflejar la disminución de la inversión en políticas sociales y el retroceso en materia de derechos adquiridos desde el inicio del gobierno de Cambiemos.
El cuestionado nuevo paso de esa secuencia fue la baja masiva de pensiones no contributivas. A partir de diciembre de 2015, la gestión de Mauricio Macri eliminó del padrón a 170 mil beneficiarios. Y solo en los primeros seis meses del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les quitó el beneficio por invalidez a 72 mil personas entre bajas (19.215) y suspensiones (52.491).
En muchos casos no hubo aviso previo ni notificación. Los beneficiarios dejaron de percibir la pensión por tener un auto, porque su cónyuge cobra una pensión o jubilación –aunque sea la mínima–, porque su tutor tiene un ingreso que supera los 20 mil pesos o por no cumplir con el 76% de discapacidad. Todos los requisitos están contenidos en el decreto 432 que data del año 1997 y que el gobierno decidió desempolvar para avanzar con el recorte. Además, en lo que va del año, 11.427 madres de siete hijos dejaron de cobrar la pensión contributiva. El tijeretazo de aproximadamente 416 millones ya estaba previsto en el Presupuesto 2017.
Educación sin fondos
El Plan Progresar, destinado a incentivar el estudio de los jóvenes de entre 18 y 24 años, sufrió una baja drástica en el último año y medio. De 904 mil beneficiarios que tenía en 2015 descendió a 558 mil en marzo pasado. Es decir que 346 mil chicos se quedaron sin la ayuda económica de 900 pesos mensuales, monto que está congelado desde 2015. Si bien todavía no hay datos oficiales, las universidades están denunciando una nueva quita masiva del subsidio. El presupuesto del plan bajó un 31,4%, de 8047 millones a 5520 millones, en un ajuste programado.
Entre 2010 y 2015, ANSES entregó 5,3 millones de netbooks del plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital. En 2016, el programa pasó a manos del Ministerio de Educación y quedó virtualmente paralizado: solo se entregaron 94 mil, según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos de ANSES. Para cubrir la matrícula de ingresantes al nivel secundario se necesitan unos 600 mil equipos cada año. La inmensa mayoría se quedó sin su máquina y el gobierno se «ahorró» 1200 millones de pesos.
Salud en riesgo
El Plan Remediar, que dependía del Ministerio de Salud y estaba en vigencia desde 2001, fue reemplazado por la Cobertura Universal de Salud (CUS). Los botiquines del Remediar contenían 74 medicamentos esenciales en su vademécum y le garantizaban el acceso a 16 millones de argentinos en cualquier punto del país. El gobierno bajó el número de remedios en stock a siete porque busca que las provincias se hagan cargo de la compra, según un informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, que conduce el exministro de Salud, Nicolás Kreplak.
Otros dos programas de Salud que se achicaron: el SUMAR, que brinda cobertura de salud a niños, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 años se redujo. El Plan «Argentina Sonríe», que dio atención odontológica gratuita a casi 32 mil personas. Además, el gobierno suspendió la entrega de 60 mil kits del Programa de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido «Qunita» a familias de bajos recursos por supuestos sobreprecios en la licitación.
Apunten al PAMI
El PAMI fue uno de los organismos puestos en la mira de Cambiemos desde el inicio de la gestión. Los jubilados sufrieron en enero restricciones en la cobertura de medicamentos que tenían al 100%. En enero se resolvió dejar afuera del beneficio a quienes cobraran más de 8500 pesos o tuvieran un auto con menos de diez años de antigüedad, más de una propiedad o yates o aviones. El «cambio» afectó a 200 mil afiliados. Luego, en abril, con la llegada de Sergio Casinotti desde IOMA al PAMI, arrancó la segunda parte del ajuste. Para «reducir costos», se resolvió cambiar el sistema de facturación en la obra social de los jubilados y volver al llamado sistema de cápitas, en el que se paga una suma determinada por un número fijo de afiliados. La idea oficial es ajustar 1600 millones. El resultado: resentir las prestaciones y la atención de los abuelos.
¿Trabajo?
La tijera también pasó por el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que significaba una ayuda para proteger los puestos de trabajo al subsidiar parte de los salarios. El año pasado, en plena ola de despidos, el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca redujo la inversión en esa herramienta contra el desempleo en un 30% respecto de 2015. Esto es: solo 123.056 recibieron el beneficio en 2016, contra los 756.487 que lo habían cobrado un año antes, lo que significó 814 millones de pesos menos para las arcas oficiales.
Mecanismos del ajuste
Para definir quiénes «se caen» del padrón de beneficiarios, el gobierno nacional usa el Sistema Nacional de Identificación Tributario y Social (SINTyS). Se trata de una gran base de datos conformada por la información de ANSES, AFIP y del Registro de las Personas que fue armada durante la administración anterior. Esa herramienta, meramente técnica, es manejada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué cambió? Los criterios con que se usa y el enfoque político.
Tras la presión social, Desarrollo Social decidió revisar «caso por caso» y prometió pagar las pensiones en los próximos días. Las estadísticas oficiales indican que solo el 30% de las suspensiones se rehabilitan y que la resolución demora aproximadamente ocho meses, aun cuando la causa sea un error del sistema.
Los recursos que el Estado pudo usar y prefirió no hacerlo
Podría suponerse que las dificultades de la economía fueron las que llevaron al gobierno a tomar la decisión de ajustar algunos gastos para tratar de reducir el déficit fiscal, cuya estimación para este año es de $ 480 mil millones. Sin embargo, hubo decisiones de política económica tomadas por las autoridades que ayudaron a incrementar ese déficit, sea a través del aumento de los gastos o bien por resignar voluntariamente parte de los ingresos previstos.
Entre los primeros se destaca el pago a los holdouts, producido en abril de 2016. Con esa medida el gobierno pretendió dar una señal de integración a la comunidad internacional para crear un clima supuestamente favorable a las inversiones extranjeras. A partir de esa decisión se pagaron U$S 9300 millones a los bonistas que se habían mantenido fuera de los canjes de deuda ofrecidos por la administración kirchnerista. Paralelamente se decidió emitir nuevos bonos, tanto para cubrir esos compromisos como los gastos corrientes de la administración pública. La deuda nueva, entendiendo por tal la que no estaba destinada a cubrir vencimientos ya programados, alcanzó los U$S 50.350 millones, según un informe del Ministerio de Finanzas. Calculando una tasa cercana al 6% (el promedio ponderado del stock de deuda existente), la nueva emisión genera cada año intereses por U$S 3000 millones.
Por otro lado, hubo resoluciones concretas que significaron una merma de ingresos fiscales. Entre ellas, la rebaja en las retenciones a las exportaciones, sobre todo a las de origen agropecuario, que eran las que dejaban más dinero a las arcas oficiales. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a las exportaciones verificadas durante 2016, calcula que el Estado dejó de recaudar en ese período U$S 4692 millones. Pasado a moneda local, las quitas le costaron al Estado $69.600 millones, que podrían haber financiado la totalidad de los planes discontinuados por Cambiemos.
