Los cinco millones de afiliados del PAMI se preparan para meses duros en la prestación del servicio de salud. Se viene meses de recortes, pérdida de médicos de cabecera y una caída de servicios por el cambio en el modelo prestacional. Además, uno de los problemas más importantes que tendrán en adelante, es la pérdida de descuentos en los medicamentos producto de la caída del contrato con la industria farmacéutica rescindido unilateralmente por el Instituto de Previsión Social (INSSJP).
Bajo la gestión de Carlos Regazzoni, el organismo había alcanzado un acuerdo con el sector farmacéutico pero luego de su salida -por no querer llevar adelante el ajuste que pretendía el gobierno- su sucesor, Sergio Cassinotti, lo rescindió.
PAMI respondió que la cobertura «está totalmente garantizada y con los mismos beneficios», pero sin decir cómo lo harán, ya que le deben a la industria cerca de 1000 millones de pesos y si no se cancelan, los industriales adelantaron que los medicamentos estarán, pero sin descuentos.
Otro frente de conflicto que enfrentarán los abuelos tiene que ver con las prestaciones. Desde 2013 regía un sistema de contrataciones por prestación: el INSSJP pagaba por cantidad de recetas efectuadas, lo que en muchos casos generó sobreprestaciones. Ahora decidieron pasar a pagar un monto fijo por paciente. Es la vuelta al sistema que funcionaba en los ’90 y que generó denuncias por negociados de intermediarias y gerenciadoras que se quedaban con parte de lo que debía destinarse al usuario. Clínicas que gastaban solo un 50% de lo que les llegaba de PAMI.
El nuevo convenio rige para la atención primaria y de mediana complejidad y en mayo vence el plazo límite para adherirse, aunque no todos se sumaron, porque los montos tienden a la baja. Por consultas especializadas son 25 pesos –antes los prestadores recibían el triple–; los odontólogos, $ 12 por cápita; y kinesiología no llega al peso por sesión. La Confederación Unificada Bioquímica (CUBRA) denunció que recibirán un 50% menos que con el sistema anterior. La mayoría aún no firmó.
«Resulta más rentable para el prestador brindar la menor cantidad de prestaciones posibles, ya que cobra lo mismo por jubilado, preste o no el servicio. Esto implica un recorte de prestaciones brindadas como radiografías, ecografías y análisis de laboratorio, y provoca el desplazamiento al sector privado», sostiene la diputada Carolina Gaillard (FpV). Como presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, citó al nuevo interventor del PAMI para que informe sobre el cambio de prestaciones.
Las autorizaciones son otro de los frentes que sufrirán los jubilados, la gestión de Cambiemos en Pami dispuso que todos los trámites que antes se resolvían en la farmacia se centralicen en las unidades de gestión local (UGL). Los remedios oncológicos o de HIV ahora deben ser autorizados y reempadronados en la sede regional. También los bolsones de comida a sectores vulnerables: según datos relevados por el equipo de la diputada Gaillard, hay demoras de dos meses para recibirlos.
Así, con las cuentas en rojo y el gobierno dispuesto a ‘ahorrar’ con el servicio de salud a los abuelos, el PAMI entra en una lógica de ajuste que seguramente tendrá un impacto fenomenal en las prestaciones, acceso a medicamentos y servicios en general que lamentablemente redundará en una pérdida sustancial en las personas adultas mayores. Esta es la insensibilidad que se le asigna al gobierno que pone por delante el ordenamiento de las cuentas públicas -al menos esa es la excusa, aunque el déficit crece cada mes- por sobre la salud de nuestros viejos.
