Los cuatro funcionarios macristas que integran el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fueron denunciados penalmente este lunes por el diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Rodolfo Tailhade, quien los acusa de haber desviado dinero de los jubilados a la empresa Odebrecht, sospechada también de haber pagado coimas al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
Tailhade pidió investigar al ministro de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Política Económica, Pedro Lacoste; el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso; y también al ex director del FGS Luis María Blaquier, por “robarse la plata de los jubilados” a través de presuntas “operaciones fraudulentas” que tendrían como destinataria a la constructora brasileña.
En concreto, Tailhade –espada jurídica del bloque de diputados conducido por Héctor Recalde- denunció a los funcionarios por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones.
“Estas operaciones ruinosas para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, es decir para los trabajadores y jubilados argentinos que aportan al sistema previsional, tienen un denominador común: la presencia del grupo Odebrecht como beneficiario directo de estas maniobras”, advirtió el legislador.
Odebrecht es “una corporación económica que tiene a su conducción condenada por los más grandes hechos de corrupción de América Latina, que está siendo expulsada de distintos países, y que además ha hecho millonarios aportes a la campaña electoral del presidente de la Nación”.
Uno de los casos tiene que ver con la forma de financiación que eligieron el Gobierno nacional y la provincia de Córdoba para pagarle a la constructora brasileña por los seis sistemas de gasoductos troncales a cargo de la filial argentina de Odebrecht mediante el decreto 1250/2016 del gobernador Juan Schiaretti.
“Vendieron un bono conocido como Pilar (por el nombre de la central eléctrica cuya construcción fue financiada con este instrumento) o bono EPEC, un activo financiero muy preciado en el mercado dado que su rendimiento es de 12.5% en dólares, tasa difícil de conseguir, y al mismo tiempo, adquirieron un bono, también de la provincia de Córdoba que tiene un rendimiento del 7.125%, haciendo que el Estado pierda 75 millones de dólares de los jubilados, lo cual, al cambio actual, significa 1.200 millones de pesos”, calculó Tailhade.
La presentación judicial explica que el Comité Ejecutivo del FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,125% con vencimiento en 2026, por 150 millones de dólares, emitidos por la provincia de Córdoba y garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
El bono forma parte del programa de emisión de títulos de deuda por hasta un valor nominal de 260 millones de dólares, creado a través del decreto 250/2016 del gobierno de la provincia de Córdoba, con destino a financiar la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la provincia de Córdoba: Sistemas Regionales Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sureste”.
Al mismo tiempo, ese Comité aprobó la monetización, es decir la conversión de esos bonos en efectivo, de los títulos de Deuda Pública Garantizados Clase Única EPEC emitidos por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que integraban la cartera del FGS desde 2011 a partir de la suscripción de un bono también emitido por el gobierno de Córdoba, y que pagaba una tasa anual en dólares del 12,5 %.
Tailhade indicó que según informa el acta, Blaquier propuso invitar formalmente a las siguientes entidades financieras a fin de que participen de la monetización: Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC, en virtud de que “ya habían manifestado interés en el activo”.
“A esta administración perjudicial –señaló- debe agregarse la posibilidad de intereses personales entre los miembros del Comité, en atención a la vinculación de algunos de los funcionarios involucrados con los bancos beneficiados por la operatoria aquí denunciada”.
Más específicamente, el diputado recordó que Blaquier formó parte del Goldman Sachs, donde trabajó durante 13 años, mientras que Caputo fue el titular de la sede argentina del Deutsche Bank y trabajó también en la JP Morgan.
La otra operación, que sumaría 20 millones de pesos más de pérdida en efectivo de los fondos del FGS, es la que refiere a la venta de acciones de la empresa química Solvay Indupa a la firma brasilera Unipar Carboclor, que pertenece a Odebrecht a través de su controlada Braskem, un gigante del sector químico.
Tailhade explica en la denuncia que es evidente que la aprobación -en enero de 2017- de la venta de acciones de Solvay Indupa a un precio de Oferta Pública de Adquisición (OPA) informado en julio de 2016, con todo lo que ello implica en un año de tantos cambios en términos macroeconómicos, “resulta desde todo punto de vista inadecuado y por lo tanto irregular”.
El diputado, que además integra el Consejo de la Magistratura, alertó entonces sobre “la presencia de un único beneficiario en ambas operaciones”, y observó que Odebrecht es “una corporación económica que tiene a su conducción condenada por los más grandes hechos de corrupción de América Latina, que está siendo expulsada de distintos países, y que además ha hecho millonarios aportes a la campaña electoral del presidente de la Nación”.
A principios de este año, en una revelación periodística, se acusó a un operador del gigante brasilero de haber girado a Arribas –mediante cinco transferencias bancarias- casi 600 mil dólares tras haber logrado la adjudicación de las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento junto con IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hizo una presentación ante la Justicia, pero al poco tiempo el jefe de la AFI fue sobreseído por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal Federico Delgado apeló la decisión y pidió escuchar a los arrepentidos brasileños del caso Lava Jato antes de haber cerrado el caso.
