El abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria y sus hijos, aseguró que Bonadio «violó garantías constitucionales» y advirtió que está decidido a llevar el caso a la Corte Suprema y hasta organismos internacionales de derechos humanos.
El letrado patrocinante de Cristina Fernández refutó los argumentos del juez, quien entendió que la ex mandataria y sus hijos habían encabezado una banda para lavar dinero a través de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, a los que los beneficiaba con obra pública y concesiones y fueron procesados como «organizadores» de la supuesta asociación ilegal.
A todos los responsables de esta vergonzosa persecución:
La única banda que tuve es ésta, y me la otorgó el pueblo argentino. pic.twitter.com/U5aLvB1s6P— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 5 de abril de 2017
La defensa aseguró que «todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces SA se encuentran declarados ante los organismos de contralor según la normativa, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia».
«Todos los movimientos económicos de la sociedad se encuentran bancarizados, lo cual permite una total trazabilidad de los fondos en danza», explicó el abogado.
«No se entiende ni se explica de qué manera el pago de alquileres con dinero que en todos los casos se encuentra bancarizado pudo haber lesionado, como afirma el magistrado, ‘la tranquilidad pública’ y la ‘paz social’, lesionando la ‘seguridad cognitiva’ de los ciudadanos al producir ‘alarma colectiva'», sostuvo.
A criterio de Beraldi, «se han violentado incontables garantías procesales y sustantivas establecidas en la Constitución Nacional».
No solo Cristina Fernández apeló el procesamiento, sino que otras defensas -como la de los hijos de Lázaro Báez- también cuestionaron la decisión de Bonadio y pidieron que sea revocada por la Sala II de la Cámara Federal.
Además de emitir los procesamientos, Bonadio embargó a Fernández y su hijo Máximo en 130 millones de pesos a cada uno y a Florencia Kirchner en 100 millones.
Al resto de los acusados los procesó por figuras que fueron desde «miembros» a «organizadores» de la asociación ilícita, imponiéndoles embargos de un millón a 130 millones de pesos y les prohibió la salida del país.
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