Cristina Fernández en los Tribunales de Comodoro Py

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández como “jefa de una asociación ilícita” que “lavaba activos”, y la embargó por 130 millones de pesos por su responsabilidad en la denominada causa “Los Sauces”.

El procesamiento alcanza también a los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia, como jefes-organizadores de la asociación ilícita.

Ciertamente habrá buena parte de la sociedad que consume información basura y en buena fe cree todo lo que los medios oficialistas intentan venderles en clara connivencia con el aparto de comunicación del gobierno. Sin perjuicio que la justicia está justamente para investigar posibles delitos cometidos, en particular por quienes ejercen o ejercieron el poder, pero también de cualquier ciudadano de a pie; hay que decir que esta causa tiene tal tufillo a vendetta, que un zorrino podría caminarle delante y pasaría desapercibido.

El magistrado, si es que merece tan noble sustantivo, procesó también en una extensa nómina, a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los cuatro hijos de éste, a Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta) y a los empresarios Fabián De Sousa y José Sanfelice.

Es decir, a todos aquellos con capacidad de llegada a la sociedad -algunos son dueños de medios opositores al gobierno de Mauricio Macri- en un evidente intento de amedrentar y callar las voces opositoras que denuncian sistemáticamente los incontables negociados que hacen los ministros o CEOs que ocupan carteras Ejecutivas.

Increíblemente, luego de dictar los procesamientos, el juez se declaro incompetente y se sacó la causa de encima. Pidió que por conexidad continúe siendo investigada por el juzgado a cargo de Julián Ercolini. ¿Puede ser tan evidente la opereta?

La composición de los delitos imputados puede derivar en una condena superior a los diez años de cárcel.

Según el fallo, de casi 400 páginas, “la imputada Fernández, después que se otorgaran con anterioridad o posterioridad las concesiones de obra pública o juego desde el Poder Ejecutivo Nacional, del cual era su más alto representante, al igual que el otro socio, Néstor Carlos Kirchner -ya fallecido-, se firmaban los contratos de alquiler de las propiedades de ‘Los Sauces S.A.’ a fin de retornar el dinero como contraprestación de esas concesiones”.

Bonadio sostuvo que “los alquileres, más allá de lo correcto de su formalidad, intentaron ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de la obra pública otorgada ilegalmente al ‘Grupo Báez’ desde el gobierno nacional por parte o a indicación de la ex presidenta”.

Esa secuencia era “dirigida por Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner y luego del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner”.

 

El cargo específico contra la ex presidenta es el de “tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.

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