Dicen que gobernar es el arte de administrar los recursos de modo tal que puedan favorecer a las mayorías y los sectores más vulnerables. Si esta máxima es correcta, entonces la Alianza Cambiemos no gobierna. La manifiesta voluntad de favorecer a los sectores concentrados, agroexportadoras, energéticas y mineras, junto a importadores y el sistema financiero especulativo, en detrimento de la gran mayoría de la población; es un claro ejemplo de una deliberada administración fraudulenta y contra el país.

En la inauguración de la exposición rural 2016 el presidente Mauricio Macri sostuvo que
«desde hace siete meses trabajamos en el Gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y ahora se le está tendiendo la mano». No sólo se trató de un discurso presidencial que retomó una tradición de subordinación política al poder económico agroexportador abandonada hace 15 años sino que además consistió en un acto simbólico de reconocimiento del poder de la oligarquía pampeana: «El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema», recitaba el presidente en aquella ocasión.

Según revela un estudio reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en términos agregados, en 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones por el grupo de posiciones mencionadas US$ 9.561 millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 4.869 millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 4.692 millones a lo largo del año.

El importe anual que se dejó de percibir resulta sumamente relevante, ya que mediante la implementación de tres decretos el Estado Nacional dejó de recaudar casi la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $3,5 de cada $100 del total de los recursos tributarios.

La política implementada redujo la recaudación en $69.609 millones de pesos. Si se considera que el déficit fiscal del año 2016 ascendió a $359.382 millones, alcanzando 4,6% sobre el PBI, el monto dejado de recaudar equivale al 19,36% de tal déficit. En definitiva, se podría haber reducido el déficit a 3,70%.

Por otro lado, en relación al actual debate docente es posible considerar otra equivalencia. La diferencia entre pagar a todos los docentes de la Argentina 35% de aumento en lugar de 18% implica una erogación de 50.500 millones de pesos. Si bien esta erogación corresponde al nivel provincial de gobierno mientras que las retenciones refieren al orden nacional, es posible considerar que lo que se dejó de percibir por retenciones supera en $20.000 millones al diferencial salarial de los docentes.

Asimismo, el monto proyectado es también superior al subsidio anual de las tarifas recortado en 2016, estimado en $50 mil millones. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse evitado tal ajuste.

Pese a la devaluación y la quita de retenciones, durante 2016 la producción agropecuaria se contrajo 5,52% medida en unidades físicas, pero aumentó sus precios (producto de las medidas mencionadas a lo largo del presente trabajo) en 83,86%. Lo mismo produjo en el sector minero, que redujo su producción en 5,3% pero aumentó los precios casi 50%.

Finalmente la industria redujo su producción en unidades físicas en 5,7%, aumentando los precios casi un 40%. En conclusión, el impacto “prometido” por la quita de retenciones y la devaluación no se materializó en ningún aspecto productivo.

En lo relacionado con el empleo, la información referida a estas actividades indica que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 la industria redujo la cantidad de trabajadores de 1.252.108 a 1.204.285 (casi 4%), la minería redujo 6,3% (de 85.735 a 80.325 empleos), y el sector agropecuario aumentó su plantilla un escaso 1,7% (de 316.546 a 322.081 trabajadores). Es decir, la quita de retenciones tampoco tuvo como correlato un aumento del empleo.

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