Hablar de «conflictos de intereses», en lo que respecta a Macri, a esta altura resulta cuanto menos infantil. Los vergonzosos negociados del gobierno con sus empresarios amigos, los bienes y patrimonios del Estado Nacional, dejan a Lázaro Báez y «Josecito» López, como dos bebés de pecho, -con el debido perdón de los lactántes, por la comparación-, esto sin ánimo de exculpar al investigado empresario y el funcionario kirchnerista, famoso por lanzar bolsos repletos de dólares.
Sin embargo, hoy se conoció un detallado informe elaborado por el bloque de diputados del Frente para la Victoria, donde se detalla y explica, paso a paso, cómo son los vínculos entre funcionarios nacionales, empresarios y organismos del Estado -dirigidos por esos mismos empresarios- y cada una de las ramificaciones que los implican en negocios tan millonarios, como turbios.
Primero hay que entender que el presidente de la Nación, Mauricio Macri era el Director titular de Socma Americana, vicepresidente de Socma Argentina y presidente de IECSA. Estas firmas son las naves insignia del grupo familiar que conformaron los entramados de corrupción público-privado más escandalosos desde la década de los ’80. Hicieron fortunas con todos los gobiernos desde entonces, incluyendo a la última dictadura cívico-militar, y lease «cívico» en toda su dimensión.
El gobierno realizó un acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, que según la fiscal Gabriela Boquín “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. El dictamen habla de un perjuicio para el Estado de 70 mil millones de pesos en favor del Grupo Macri. motivo por el cual, está imputado.
Además, continua el informe: el Poder Ejecutivo firmó el decreto 1206/16 para flexibilizar el sistema de blanqueo de capitales y permitir el acceso al régimen de “sinceramiento fiscal” a familiares de funcionarios. El propio Macri tiene capitales en paraísos fiscales. Por esta razón, también está imputado.
MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de Synergy Aerospace, accionista de Avianca. A los tres meses obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost, medida luego suspendida. Otra vez más en esta causa, está imputado.
Según se asegura en este documento, el gobierno le permitió a Autopistas del Sol, en la que Sideco tiene acciones, aumentar los peajes 100%. Ausol evadió impuestos y fugó divisas, y además en diciembre de 2015 inició una demanda ante el CIADI reclamándole al Estado $6.630 millones.
El jefe de asesores del Presidente, Jose Torello, compró US$800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities SA. Desde su rol como asesor directo del Presidente habría influido en las decisiones que lo beneficiaron personalmente. Está imputado.
El Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, es director de Le Coq Sportif y apoderado de MacAir Jet SA. MacAir era una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, que el mandatario incluso condujo en los 90. El 31 de octubre de 2016 se transfirieron las acciones bajo el control formal de los accionistas de Avianca, empresa que obtuvo la concesión de rutas comerciales low cost. Nuevamente, Clusellas también está imputado.
La Fundación La Alameda descubrió que la dirección legal de Le Coq coincidía con los domicilios de varias empresas de las que Clusellas también era parte. Según Vera, la falta de controles sobre la firma de ropa deportiva se debía al cargo que ocupaba Clusellas como director en el Gobierno de la Ciudad.
En tanto, el ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Cobas, gerente de MacAir Jet SA; negoció en nombre del gobierno la entrega de hangares de Aeroparque a Avian Líneas Aéreas y FlyBaires, decisión que perjudicó a Aerolíneas Argentinas. Y esto le valió, estar imputado.
En el ámbito de la Jefatura de Gabiente, a cargo de Marcos Peña, las cosas no están muy limpitas que digamos.
El secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. CEO de la aerolínea chilena Lan desde 2009 y socio fundador de Pampa Cheese, intervino desde su rol como vicejefe de Gabinete, en las políticas de Aerolíneas Argentinas, perjudicándola en beneficio de LAN. Tal es así que la extitular de AA, Isela Constantini, pidió que Lopetegui dejara de participar en las reuniones donde se trataban cuestiones relativas a AA.
En octubre de 2015 compró y vendió contratos de dólar futuro por 310 mil dólares a través de la firma Intl Cibsa SA. Jefatura de Gabinete participa en todas las decisiones del gobierno en materia económica, por lo cual Lopetegui habría intervenido en la fijación del precio a pagar. Otro más que está imputado.
No se queda atrás en esta desafortunada sucesión de corruptela, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, quien dirigió hasta su asunción el Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Fly Bondy, entre otras firmas. Quintana es el feliz poseedor de 2,5 millones de dólares en acciones del Grupo Clarín. Además es socio fundador de Pampa Cheese.
En la carrera por la compra de dólares a futuro -causa que tiene procesada a la expresidenta Cristina Fernández, el ex ministro de Economiá, Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros; que en la práctica tomaron decisiones de política económica -acertadas o no- pero no vieron un verde para sus bolsillos- antes de la devaluación, cuando era CEO del Grupo Pegasus, Quintana sí compró la pequeña suma de 11,5 millones de dólares, contantes y sonantes. Ya en el Gobierno, intervino en la fijación del precio de referencia con el que se iban a cancelar esos contratos y en esa operatoria, Pegasus embolsó una fortuna.
Los negocios del secretario Quintana no terminan ahí, el Gobierno le cedió rutas comerciales a Fly Bondi, cuyo dueño es Richard Guy Gluzman, que está contratado por el Ministerio de Medio Ambiente y además fue vicepresidente del Grupo Pegasus, o sea, número dos de Quintana. Las cesiones luego fueron suspendidas.
También está complicada la subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, Natalia Zang, vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold. La Oficina Anticorrupción la investiga por “sus vínculos comerciales y profesionales”.
Otras areas de interés en este detallado informe incluye a los ministerios de Hacienda y Fiananzas, el primero a cargo del periodista del Grupo Clarín, Nicolás Dujovne. El ex empleado de Magnetto fue entre 2001 y 2011, economista jefe del Banco Galicia. También fue consultor del Banco Mundial y director de Papel Prensa, empresa investigada por apropiación ilícita durante la última dictadura cívico-militar.
Dujovne fue otro de los agraciados que compró contratos de dólar futuro. Lo hizo a través de Industrial Valores SA.
La larga lista de beneficiados por esta operatoria incluyen al ex ministro Alfonso Prat-Gay, ejecutivo de JP Morgan en Nueva York y Londres y denunciado por el arrepentido, Hernán Arbizu. Antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas. Al secretario de Finanzas, Luis Caputo. Presidente de los fondos de inversión Axis y Axis Dólares. Antes trabajó en JP Morgan entre 1994 y 1997 y luego fue presidente del Deutsche Bank hasta abril de 2008. El director del Banco Central, Demian Reidel, que también trabajó en JP Morgan y Goldman Sachs. El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, ex director de desarrollo corporativo del Grupo Biosidus, y antes vicepresidente del Departamento de Finanzas Corporativas para América Latina de Chase Securities, un banco de inversión controlado por JP Morgan.
Quienes fueron empleadores de Prat Gay, Caputo, Reidel y Ayerra componen el pool de bancos extranjeros contratados por Macri para la megaemisión de deuda externa por US$15.000 millones destinada a pagarles a los fondos buitre y financiar gastos corrientes.
La estrecha relación de Hacienda con esos bancos les hizo ganar millonarias comisiones.
Luis Caputo está denunciado porque como presidente de Axis compró dólares a futuro por 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una adquisición personal. Luego intervino en la determinación del valor del dólar futuro. y está imputado.
El directorio de Axis, que hasta diciembre de 2015 controlaba Caputo, obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para constituir el fondo de inversiones Axis Dólares, destinado a realizar inversiones inmobiliarias con el dinero que blanquee.
La vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Patricia Boedo, ex abogada del Estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi, logró luego de asumir su cargo, un contrato para la firma a la que pertenecía, para brindar servicios de asesoría legal para la colocación de deuda del Estado nacional y de algunas provincias.
La directora de la CNV, Rocío Balestra, también trabajó, durante 14 años, en Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, un estudio que asesora a grandes compañías financieras locales e internacionales. También se desempeñó como abogada internacional del estudio neoyorquino Shearman and Sterling, contratado por el gobierno para negociar con los buitres.
Otro de los directores del Banco Central, Pablo Curat, fue consultor del BID y del Banco Mundial. Está imputado en la causa dólar futuro. Compró US$500.000.
Otros ejemplos de la Ceocracia son: el gerente general del Banco Central, Mario Flores Vidal, ex director para Sudamérica en la agencia Thomson Reuters; el subgerente de operaciones del Banco Central, Agustín Collazo y ex director gerente en Morgan Stanley, New York; el flamante Presidente del Banco Nación y autor de la tristemente célebre frase «vos no te merecías comprar un plasma nuevo», Javier González Fraga, miembro del Directorio de Peugeot Argentina; el director del Banco Nación, Luis Ribaya, director del Banco Galicia y presidente del Mercado Abierto Electrónico; el titular de Nación Servicios, Alejandro Nigro, que comenzó en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión; el director de Nación Servicios, Alejandro Cavallero, CEO de la Guía Local LLC, vicepresidente del Citibank y gerente de canales alternativos del HSBC, y el presidente de Nación Seguros, Juan Horacio Sarquis, Gerente de Banca Minorista del Banco Galicia.
El emblema de todos los conflictos de intereses, es la cartera que conduce el ex CEO de la holandesa SHELL OIL, Juan José Aranguren, arquitecto del tarifazo que está desangrando a las pymes en todo el país.
Aranguren es expresidente de Shell y siete de los primeros ocho barcos de gasoil –US$ 150 millones- adjudicados por Cammesa fueron para Shell Western. por esta avivada, está imputado.
Las acciones de Royal Dutch Shell por $16 millones que poseía las vendió, a regañadientes, recién en septiembre de 2016 por recomendación de la OA.
En esa misma cartera se desempeña, el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Este hombre fue desde 1999 vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE); también trabaja codo a codo con el ministro, el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, otrora gerente de Planeamiento Comercial y Economía de Axion Energy (2012-2015), antes trabajó en Exxon Mobil. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, fue Presidente de SyA Consultoría (1998-2015), donde “asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios”, es ex gerente de Edenor. El Presidente de Enargas, David Tezanos González, antes presidente de Metrogas y director de Gas de YPF.
Sureda, Popik, Sruoga y Tezanos González están imputados por haber participado en la elaboración del tarifazo que benefició a las empresas para las que trabajaban.
El subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, trabajó en British Petroleum, fue jefe de Energías Alternativas de PAE y presidente de Aires Renewables SA. Varias empresas que compiten por instalar aerogeneradores manifestaron su inquietud por el presunto conflicto de intereses que se registraría si Kind «no se abstiene a la hora de evaluar las ofertas en juego». El Subsecretario de Exploración y Producción, Marcos Pourteau, ex director general de Endriven y antes trabajó en Brass LNG Limited y en la multinacional Total SA, segunda empresa productora de gas en Argentina. Pourteau no se ha excusado de intervenir en determinaciones relacionadas con el mercado gasífero. Sin ir más lejos, elaboró el informe en el que se basó el tarifazo.
Otro referente de la «ceocrácia» es el actual secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo, ex Exxon Mobil, CEO de la subsidiaria Esso Standard. La Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, fue Socia en Energy Performance SRL, trabajó en la polémica asociación Repsol-YPF. También el titular de Enarsa, Hugo Balboa, quien antes se desempeñaba como director del proyecto de expansión de Axion. Balboa ocupó diversos cargos gerenciales en Shell, Pecom Energía y Sociedad Comercial del Plata.
Las empresas para las que trabajaron Redondo, Heins y Balboa poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas.
Un espécimen más de esta larga lista de CEO’s que hoy forman parte del gobierno de Mauricio Macri es el actual presidente del ENRE, Juan Garade, socio en Management Consultants, y ex director de Planificación, Control y Regulación de Edesur (2001-2012), aunque antes se desempeño como gerente de Planificación Económica de Edenor (1992-1998). El director del ENRE, Ricardo Sericano, trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde 1992 hasta 2010 para luego sumarse a la consultora RHS. Son los encargados de controlar a las empresas para las cuales trabajaron durante casi 20 años. Y finalmente el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Walter Marcolini, que aún posee acciones en Central Puerto SA.
El último, pero no menos importante, el ministerio que conduce el hijo de la renombrada concesionaria de venta de automóviles, que lógicamente está al frente de la cartera de Transporte. Se trata del Ministro Guillermo Dietrich. Está imputado por la cesión de rutas comerciales a Fly Bondi y Avianca.
Bajo su órbita trabaja el administrador de Ferrocarriles, Marcelo Orfila, gerente general de Grupo Monarca (negocios inmobiliarios), ex gerente general en Alpargatas y director en Aeropuertos Argentinos 2000. Está imputado por la firma de seguros con ferrocarriles estatales sin licitación y por $300 millones con la aseguradora AON, cuyo gerente Jorge González Gale es el broker histórico del Grupo Macri y compañero de bridge de Franco Macri.
La lista es interminable, continua con decenas de nombres de funcionarios que toman decisiones de ambos lados del mostrador. Lo que definitivamente queda claro, es que si el gobierno pretende evitar incurrir en conflicto de intereses, el único camino que le queda es barajar y dar de nuevo.
