Nuevamente vuelve a ponerse en la agenda el tema de los comedores escolares. A lo largo del año pasado mucho se habló de la ascendente cantidad de pibes que debieron recurrir a estos para poder alimentarse, producto de la crisis económica que golpea de lleno en el corazón de las familias argentinas. También se repitió hasta el cansancio que el gobierno no otorgaba los cupos necesarios para cubrir la demanda, que se triplicó en 2016.
Según revela en su edición de hoy el diario Tiempo Argentino, el gobierno porteño volvió a beneficiar a las misma empresas que en los últimos años brindaron un pésimo servicio, con fallas de higiene, raciones más chicas que lo establecido y con déficit nutricional, comida fría y falta de cumplimiento en las dietas con prescripción médica».
Todos esos problemas fueron detectados en las viandas que comen los alumnos de escuelas públicas porteñas en los últimos años. Sin embargo, y a pesar de las denuncias comprobadas luego por la Agencia Gubernamental de Control, el gobierno porteño decidió prorrogar contrato con los mismos proveedores que ya entregaron comida en mal estado.
«Las empresas que prestan estos servicios son las mismas en los últimos nueve años, es decir, hay falta de control, pero también ausencia de sanciones para aquellas que, habiendo incumplido gravemente sus obligaciones, vuelven a presentarse a la licitación siguiente y consiguen nuevas adjudicaciones», apuntó Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría de la Ciudad (AGCBA).
«Es una calesita perversa de negocios con el Estado, con complicidad del macrismo, que pone en juego nada menos que la salud de los chicos que todos los días comen en las escuelas», acusó la dirigente kirchnerista.
Según explica el matutino, para el año 2017 se programaron 79.376.326 de raciones anuales entre almuerzos, viandas y refrigerios que llegarán a las poco más de 1300 escuelas capitalinas. Esas comidas demandarán alrededor de 1000 millones de pesos del tesoro porteño que irán a parar a las arcas de 21 empresas que prestaron servicios en los últimos diez años.
A principios de junio del año pasado, en la Escuela Australia de Villa Crespo se registraron cinco docentes y 64 alumnos con vómitos, dolor abdominal, náuseas y diarrea, síntomas de un brote de gastroenterocolitis que habría sido provocada por la ingestión de comida en mal estado.
No fue el único caso. Según informó el diario La Nación en enero pasado, en los últimos meses 2016 se registraron 13 denuncias por intoxicaciones alimentarias que luego fueron investigadas por la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria que depende de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), pero hasta ahora ninguno de las contratistas que prepararon esas viandas fue sancionada.
«Siguen las mismas empresas», confirmaron desde el Ministerio de Educación porteño, pero no pudieron precisar si las empresas que entregaron comida en mal estado habían sido sancionadas. Todo indica que no, porque continuarán prestando servicios.
A pesar de todas las irregularidades detectadas, el gobierno de la Ciudad prorrogó el contrato para todo el 2017 a las empresas denunciadas.
Los problemas de higiene tienen su explicación: las concesionarias se encargan de realizar sus propios controles. «El Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que el control bromatológico es realizado por las propias empresas. Dicho mecanismo no resulta adecuado ni confiable (…) A éste mecanismo poco trasparente se le suma que sistemáticamente la AGCBA observa que no se cumple ni con el 50% de tomas de muestras que deben hacer en un ciclo lectivo los concesionarios», agregan desde el organismo de control.
Además, desde la Auditoría también encontraron «deficiencias en relación a la infraestructura e higiene de las cocinas», corroboraron que los proveedores no entregan la cantidad de comida establecida («incumplimiento de los gramajes por ración establecidos en el pliego»), tampoco cumplen «con la temperatura del servicio» ni con las «dietas con prescripción médica para alumnos con determinadas patologías».
El matutino no informó cuales son las empresas que incurrieron sistemáticamente en estas irregularidades y el gobierno porteño no atendió las consultas de este medio.
