Di Lello mencionó la posible comisión de los delitos de «asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias».
Sin embargo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que «no hay ningún tipo de conflicto de intereses» en relación a las licitaciones para 16 nuevas rutas aéreas que vincularían a empresas relacionadas con el padre del Presidente.
La investigación apunta también contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin, y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez.
Peña explicó que «se hizo la apertura -de licitaciones a rutas aéreas nacionales e internacionales nuevas- para que vengan a competir todos los que quieran competir», aunque evitó hablar de la crisis de la empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas.
«La vocación de un fiscal de abrir una investigación judicial, con toda normalidad se podrá analizar», admitió el jefe de Gabinete.
Avianca, empresa de origen colombiano pero que opera rutas en todo el mundo, adquirió en 2016, cuando Macri ya era presidente, la firma Macair Jet al conglomerado empresario de la familia del Jefe del Estado.
Entre otras medidas de prueba, el fiscal pidió la declaración como testigo de la ex titular de Aerolíneas Argentinas Isella Constantini, quien renunció en diciembre del año pasado en medio de fuertes versiones sobre su discrepancia sobre el ingreso de compañías de bajo costo al país.
Di Lello le pidió al juez federal Sergio Torres que avance en la investigación contra Macri; el titular del grupo SIDECO Franco Macri; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y directivos de AVIANCA, como partes supuestamente de uno y otro lado de la acción investigada como delito.
Según informó el sitio oficial del Ministerio Público, www.fiscales.gov.ar, «la imputación también alcanza al director general de Logística de la presidencia de la Nación, Carlos Cobas; al titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea AVIANCA, Germán Efromovich; al CEO de Avian Líneas Aéreas, Carlos Benjamín Colunga López, y al titular de Unidos Air S.A., Diego Martín Colunga López».
La denuncia fue presentada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y añade la posibilidad de que se esté poniendo en riesgo la seguridad en los vuelos y, por otra parte, «que el gobierno nacional dejó de utilizar la flota de aviones presidenciales -que lleva adelante los viajes del presidente y funcionarios de primera línea- por servicios de empresas privadas».
«Comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios», advirtieron los denunciantes y recogió Di Lello.
«De las 26 rutas solicitadas por Avian le fueron aprobadas el 100 por ciento, y de las 99 que pidió Fly Bondi, se le aprobaron 69, es decir un porcentaje de casi el 70 por ciento. Al respecto, se indica que Fly Bondi, que en los papeles es FB Líneas Aéreas, es de propiedad de Richard Guzmán, y socio de la misma es Mario Quintana, actual secretario de Coordinación Interministerial», resume el impulso de investigación de Di Lello.
