Desde sus vacaciones en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri se hizo lugar para vetar tres proyectos de ley aprobados en el Congreso: la detección de trombofilia, la expropiación del Hotel Bauen, y el Salario Mínimo Profesional.
Según detalla hoy el diario Ámbito Financiero, a estos se le suman dos más realizados durante 2016. Uno fue el borrón de un plumazo de la Emergencia ocupacional, que prohibía los despidos por 180 días, un ley reemplazada por un acuerdo no vinculante con empresarios, y el veto a la doble jubilación mínima a excombatientes de Malvinas
Pero el primer mandatario tiene antecedentes en esta materia. No en vano se ha ganado el apodo de «Capitán Veto», que arrastra desde su cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, un repaso por los vetos presidenciales en 2016:
• Detección precoz de la trombofilia
A fines de noviembre se aprobó la ley que incluía en el programa médico obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnostica el trastorno. De esta manera, se consideraba como práctica rutinaria el control en las mujeres para la detección temprana de ese desorden de la coagulación sanguínea, por el cual muchas pierden sus embarazos.
La ley además, creaba un Programa Nacional para la investigación, diagnóstico y tratamiento en el marco del Ministerio de Salud.
Con el decreto 1.281, publicado en el Boletín Oficial, Macri vetó en su totalidad la ley 27.335, impidiendo que la enfermedad que afecta a hombres y mujeres en la coagulación de la sangre, con propensión a la hipercoagulabilidad sea diagnosticada en los exámenes regulares.
• Expropiación del Hotel Bauen
El decreto 1.302 que dispuso el veto también fue publicado en el Boletín Oficial mientras Macri disfrutaba de sus vacaciones en La Angostura.
Entre sus argumentos, el veto presidencial afirma que «el proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población, exclusivamente en beneficio de una situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas que se hallan comprometidas en las actividades que se desarrollan en el inmueble en cuestión».
Lo cierto es que la decisión puso en estado de alerta y movilización a los 130 cooperativistas que desde 2001, año en el que los dueños originales decidieron cerrar el lugar, defienden sus puestos de trabajo, y quienes ya advirtieron que insistirán en el Congreso con la expropiación.
• Emergencia ocupacional
A fines de mayo, Macri vetó esta iniciativa bajo el argumento de que «es una ley que no ayuda a nadie, ni a los trabajadores ni a quienes están desempleados, porque espanta la posibilidad de crear trabajo», según dijo en una nota de opinión que escribió para el diario La Capital.
En el texto de la ley, se suspendían los despidos por 180 días, y se establecía la doble indemnización, en caso de que se concretaran.
Los legisladores trabajaron a contrarreloj para su aprobación, a sabiendas de que el primer mandatario ya había anticipado su rechazo.
El veto de Macri destacó que, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, «durante el primer trimestre de 2016 el número de asalariados privados registrados presentó un crecimiento del 0,4 por ciento con respecto al primer trimestre de 2015».
«Que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el Proyecto de Ley que aquí se analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país», agrega.
Antes de firmar el veto, Macri firmó el 9 de mayo un convenio con empresarios para frenar los despidos por 90 días, algo que sin embargo no tuvo efecto real. De hecho según el INDEC, en base a cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2015 los puestos registrados llegaban a 6.537.947 y se redujeron a 6.419.868 en junio último, es decir, 118.079 puestos perdidos.
• Doble jubilación mínima a excombatientes de Malvinas
El artículo vetado por el primer mandatario es uno de los reclamos más importantes de los exconscriptos, dadas las dificultades que atraviesan para reinsertarse en el mercado laboral.
El régimen abarca a los soldados que participaron de las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y a quienes entraron en efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) además de los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio o de apoyo.
El argumento utilizado por el Gobierno fue que «la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad» de la ley aprobada en el Congreso, y señaló que de promulgarse tal como se votó «se estaría desnaturalizando el sistema previsional».
• Salario mínimo profesional
Aprobada por unanimidad en el Senado, la ley restablecía la institución del salario mínimo profesional, aplicable a todos los salarios fijados por convención colectiva o laudo arbitral para cada categoría profesional de la actividad.
El proyecto contemplaba introducir nuevamente en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) el concepto de salario mínimo profesional, que fue suprimido por la reforma introducida por la última dictadura cívico militar en 1976, siguiendo la misma técnica legislativa que originariamente fue establecida en los artículos 131 y 132 del texto original.
Para el Ejecutivo, en cambio, el salario mínimo profesional -según consta en el decreto- iba a provocar una «distorsión» en el sistema de relaciones del trabajo al desvirtuar la noción del salario básico de convenio, superponer tipologías salariales y generar juicios laborales.
Asimismo, su regulación legal, dice el texto del veto, es «contradictoria» con la autonomía que el Estado debe fomentar en acuerdo con el convenio 154 de la Organización Internacional del trabajo.
• Antecedentes porteños
Pero los vetos no son sólo una costumbre presidencial. En su cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri vetó 128 leyes en ocho años de gestión.
Macri emitió su primer veto a sólo una semana de asumir la Jefatura porteña. Se trató de una ley aprobada por la Legislatura durante el último mes de mandato de Jorge Telerman que creaba un Colegio Único de Profesionales de la Higiene y Seguridad.
El 62% de los vetos de Macri se produjo durante su primer mandato, entre 2007 y 2011. Y en 2015 sólo vetó una ley.
En el listado de Macri, se incluyen algunos vetos polémicos, como el de la ley que proponía regular la publicidad oficial. También, el veto a la ley que reglamentaba los abortos no punibles. A este listado se suman el veto a una ley que prohibía la venta de medicamentos fuera de las farmacias, la creación de un laboratorio estatal de producción de medicamentos, una ley de protección de los derechos de personas en situación de calle y una norma que protegía a las empresas recuperadas por sus trabajadores, entre otras.
