Esta semana, mediante la Disposición 9 — E2016 de la Subsecretaría de Gobierno Digital que depende del Ministerio de Modernización, se creó la base de datos del “Perfil del Ciudadano Digital: Mi Argentina”. Bajo este nombre ampuloso se esconde el corazón mediante el cual el Estado guardará y utilizará la información que los ciudadanos le entreguen.
Hasta ahí, podríamos conceder que en tanto los mismos ciudadanos aceptan entregar al Estado sus datos no parece haber mayores problemas, no obstante los antecedentes del gobierno en esta materia no se pueden pasar por alto. Hace unos meses, en esta columna tratamos el tema de las bases de Datos de la ANSES y de PAMI en oportunidad de que la Secretaría de Comunicación Pública se hiciera de ellas, convenio mediante y con el aval de la de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que depende del Ministerio de Justicia. En su momento el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alejandro Amor intentó impedirlo. “La titularidad de la información personal corresponde a cada uno de los sujetos y que el Estado los posee en calidad de depositario de los mismos, por ende para hacer tratamiento de estos debe solicitar autorización a su titular” dictaminó. El Poder Ejecutivo ignoró esta advertencia también.
Mi Perfil
El derecho a la protección de los datos personales es un derecho humano contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. En nuestro país tiene rango constitucional y una Ley, la 25.326 que lo reglamenta.
En la disposición — publicada el 15 de diciembre en el BO, pero firmada el 5 de octubre de este año — no hay ninguna mención a que la Dirección de Protección de Datos Personales, la encargada de proteger los datos según la Ley, haya tomado intervención antes de la firma. De hecho el sitio de la Dirección tampoco registra dictamen alguno que refiera a esta Disposición, aunque esto podría decir poco ya que la numeración de los que están a la vista registra algunos saltos. Igual es raro.
Según leemos en la norma, el Estado ofrecerá a los ciudadanos crear un perfil propio en el que se registrarán: Documento Nacional de Identidad; Pasaporte; Licencia de Conducir; CUIL; Nombres y Apellidos; Domicilio; Correo electrónico; Imagen; Teléfono; Estado Civil; Fecha de Nacimiento; Lugar de Nacimiento; Parentesco y Datos de Familia, Género; Nacionalidad; Licencias, Permisos, Autorizaciones. Sumemos a eso la posibilidad de vincularle los datos que ya han “adquirido” de ANSES y PAMI. No parece poca cosa.
Los datos serán conservados hasta que el usuario los elimine o el Estado descontinúe el uso del producto, dicen. “El producto” es un portal, al que no es sencillo llegar, pero que está visible en mi.argentina.gob.ar y que tiene una larga lista de términos de uso, la famosa letra chica que casi nunca leemos al aceptar el uso de alguna aplicación o registrarnos en una red social. Allí nos aclaran que entre las finalidades se encuentra el “Envío a los ciudadanos de alertas por SMS o e-mail”, imaginable. Más adelante nos enteramos que esos “Términos y Condiciones” se rigen por las leyes de la República Argentina, buena noticia.
La mala es que al seguir leyendo nos damos cuenta de que le darán acceso al software de análisis de tráfico de Google y para cualquier duda nos refieren a sus propios términos de uso. Allá fuimos, la versión en castellano está aquí y al leerla nos encontramos al final con este párrafo “Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del estado de California, sin aplicación de sus principios de conflictos de leyes. En caso de existencia de conflictos entre la legislación, normas y regulaciones extranjeras y la legislación, normas y regulaciones de California, prevalecerán y regirán la legislación, normas y regulaciones de California”. Sin comentarios.
Hoy paso el tiempo, persiguiendo Facebooks
El gobierno muestra que el rigor en materia de Derechos Humanos está lejos de ser su fuerte. El caso de Milagro Sala es ejemplo vivo de esto último. En materia de respeto a la privacidad no está mejor, por lo dicho y por lo que se va conociendo de la gestión. En la semana que pasó nos enteramos de que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ha dispuesto un cíberpatrullaje para detectar y denunciar en la Justicia a quienes amenacen la seguridad pública en las redes sociales. “Hay Facebooks que dicen que en diciembre quieren hacer problemas (sic)” fue la frase con la que definió una novedosa hipótesis de conflicto para las fuerzas de seguridad.
Más allá de lo risueño que resulta escuchar a una ministra tan poco profesional, recordemos que hace unos meses detuvo a unos “falsos terroristas” que habían escrito unas supuestas amenazas a la seguridad presidencial mediante una cuenta de Twitter llamada @HassanAbuJaaf.
Luego de 50 días el último tuitero fue dejado en libertad. No sabemos todavía quién tenía razón, si el jefe de la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana que dijo que se trataba de “dos jóvenes aburridos”, o la madre de uno de ellos que fue más directa: “Son dos estúpidos”. Pero ambos coincidieron en algo: “no tenían nada que hacer”. Lo mismo que pensamos algunos por la actuación del Ministerio de Seguridad en estos casos. Recordemos que es el mismo Ministerio al que el verano pasado se le fugaron los 3 acusados del triple crimen de Gral. Rodríguez.
Para entender las posibilidades de un mal manejo de los datos en redes sociales sirve la nota de este domingo en el Diario Clarín firmada por Julio Blanck, se lee ahí que la denuncia del Ministerio de Seguridad obviaría por ahora cuestiones políticas, pero menciona específicamente a una agrupación vinculada al intendente de filiación kirchnerista Jorge Ferraresi y a militantes de La Cámpora. La nota de Blanck da a entender que el Ministerio hace seguimiento de las redes sociales de militantes políticos y hasta se da el lujo de detallar los “Me Gusta” de una senadora en su Facebook.
Revisitando la verdad
En las últimas semanas se ha puesto de moda un término para designar el fenómeno de la circulación de noticias falsas en las redes sociales principalmente: la postverdad. Sesudos análisis intentan explicar lo que parece instalado en los medios digitales y hasta la palabra fue elegida para un premio en algún país del primer mundo. Facebook y Twitter se rompen la cabeza buscando soluciones al problema, para evitar ser acusadas de cómplices.
No es privativo de países desarrollados. Lo sabemos bien por estas latitudes en las que todos los líderes populares han sufrido el acoso de los medios más poderosos de una u otra manera. En Bolivia se cita con frecuencia el caso que le costó muchísimos votos al presidente Evo Morales, la difusión de la noticia de un falso hijo en medio de la campaña por el referéndum.
Esta semana se estrena en Argentina el documental “El Cartel de la Mentira” de Andrés Sal Lari, periodista que investigó el “caso Zapata”. Veinte días antes de la elección del 21F un periodista lanzó la denuncia en televisión acusando a Evo de haber cometido estupro con una joven y como producto de esa relación habría un hijo. El caso luego quedó en descubierto como una gran mentira. El Cártel de la Mentira muestra con claridad cómo algunos medios de comunicación impulsaron la campaña de desprestigio aún cuando tenían la información verdadera.
Semejante acusación nos recuerda la que llevó adelante en Canal 13 Jorge Lanata, al entrevistar en plena campaña electoral a los hermanos Lanatta para que acusaran a Aníbal Fernández que competía por la gobernación de la provincia de Buenos Aires de ser jefe del narcotráfico y haber instigado el triple asesinato de General Rodríguez. Nada se probó.
La semana pasada la mesa de Mirtha Legrand nos volvió a sorprender con una campaña ostensible sobre Daniel Scioli, mediante una supuesta relación que habría tenido hace años con la esposa del cantante Silvestre. No sorprende cuando se conocen las cifras de apoyo a Scioli para una posible candidatura para las próximas elecciones. Tampoco sorprenderá si en poco tiempo el (enhorabuena) olvidado cantante presenta disco o promociona recitales.
Ya sea por la facilidad con que circulan hoy las noticias, por la pericia que muestran algunos “comunicadores” para presentar como ciertas noticias absolutamente falsas, o por la tendencia a asignar un valor de verdad cosas que refuerzan nuestros prejuicios, lo cierto es que el mundo de la información se ha transformado en uno de los principales escenarios de disputa. Por lo tanto, el desafío para moverse con pericia en ese mundo será contar con mayores competencias para discriminar lo que sirve de lo que no, para descubrir engaños y, sobre todo, para separar lo accesorio de lo importante.
