La ley de reparación histórica a jubilados y blanqueo de capitales había excluido expresamente a los familiares de funcionarios públicos para evitar sospechas de corrupción.
Sin embargo, el sostenimiento de la medida duró poco. Hoy, por decreto, se anució que podrán incorporarse funcionarios directos como padres, hijos y cónyugues, siempre y cuando justifiquen que se trata de bienes adquiridos antes del ingreso a la función pública.
La exclusión había sido un pedido expreso de la Coalición Cívica y de una de las aliadas de Cambiemos, Elisa Carrió.
El decreto habilitante sale justo cuando la Justicia investiga si el padre del presidente, Franco Macri, tenía activos sin declarar en el exterior.
