La denuncia presentada en sede judicial por los diputados kirchneristas, Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Moreno, Diana Conti, y Rodolfo Tailhade, sostiene que se cometió el delito de administración infiel en perjuicio del estado argentino por parte del presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Dr. Federico Sturzenegger, el ministro de economía y hacienda de la Nación, Dr. Alfonso Prat Gay.
Los denunciantes apuntan directo a las máximas autoridades económicas por haber mentido deliberadamente durante la campaña electoral que llevó a Macri a la máxima magistratura.
Según argumentan en el escrito presentado ante la justicia, el tipo de cambio fue uno de los temas en los que hizo foco la campaña electoral 2015. El presidente Macri anunció como candidato la salida inmediata del “cepo cambiario” -es decir, la derogación de normas de regulación cambiaria-, pero se negó sistemáticamente a reconocer la devaluación del peso como consecuencia necesaria de esa decisión.
El actual ministro de hacienda y finanzas, Alfonso de Prat Gay, sostenía que los precios internos estaban de hecho ajustados según el tipo de cambio ilegal, conocido como “dólar blue”, y que por lo tanto la salida del cepo no tendría impacto inflacionario.
La propuesta cambiaria del ahora presidente de la Nación consistía entonces en una “salida del cepo sin problemas”, que no generaría una depreciación del peso argentino porque ya lo estaba de hecho, y por lo tanto no había peligro de alzas generalizadas de precios.
Macri nunca mencionó la palabra devaluación
Según se argumenta, «Macri no anunció que iba a devaluar; prefirió siempre recurrir a argumentos voluntaristas que revelaban en rigor una obvia prohibición, debidamente preparada seguramente por su equipo de comunicación, para hablar de eso».
Así se lo vio durante el debate presidencial en el que Mauricio Macri respondió a Daniel Scioli, frente a una afirmación de éste en punto a que su rival iba a generar una abrupta devaluación del peso, que le mentía a la gente, que “parecía un panelista de 678”.
Lo cierto es que todos mintieron. Macri, Prat Gay, Sturzenegger, y todos los voceros del entonces candidato presidencial que se encargaron de ocultar la naturaleza y consecuencias de la decisión tomada.
El 17 de diciembre de 2015 el gobierno nacional anunció el final del cepo cambiario, la divisa estadounidense trepó a de $ 9,92 a $ 13,95 por unidad, es decir un aumento de más del 40 %, y el país vivió una estampida inflacionaria que todavía no cesa y que llevará el aumento del costo de vida para los argentinos a índices superiores al 40 % al final del año.
La denuncia prosigue argumentando que «a partir de la brutal devaluación, y la natural tendencia constante a la suba del precio de dólar, el BCRA debió dirigir sus estrategias de intervención en la cotización de la moneda estadounidense a impedir la sistemática suba que ya se verificaba de manera ostensible, y con ello la profundización de una crisis inflacionaria cómo no se veía desde la devaluación de 2002. Es decir, lo que habían dicho que no iba a ocurrir. La prueba de su mentira».
Entre el día 1 y el 11 del mes de marzo pasado, el valor del dólar se mantuvo por encima de los $ 16 (tocó un máximo de $ 16,30 el día 2). A partir de entonces las estimaciones sobre el nivel de inflación del año planteaban índices superiores al 40 %. Lo que resultaba obvio para cualquier persona discretamente informada, esto es que el aumento del precio del dólar genera impacto inflacionario directo, había sido deliberadamente ocultado en la campaña electoral por quienes hoy gobiernan.
El despliegue de medidas con las que afrontaron el gobierno nacional y el BCRA este problema macroeconómico son reveladoras de la mentira con la que engañaron a la población durante la campaña electoral; constituyen un reconocimiento que la “salida del cepo” generó una escalada inflacionaria derivada de la devaluación, que persistirá mientras continúe subiendo el precio del dólar.
Para enfrentar el problema que el propio gobierno nacional y el BCRA generaron, decidieron emplear métodos que la justicia federal ha considerado delictivos, sostienen los denunciantes en referencia al procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández; el anterior ministro de Economía, Axel Kicillof y el ex presidente de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli.
«Son justamente estas medidas de gobierno las acciones que configuran, siguiendo al Juez Bonadío y a la Sala II de la Cámara Federal, en los términos del art. 174 inc. 5 del Código Penal, administración fraudulenta de los fondos públicos por parte del gobierno nacional y el Banco Central, y que justifican en definitiva la presente denuncia».
En otro capítulo, los denunciantes se refieren a la desproporcionada toma de deuda externa por parte del actual gobierno.
Para todo esto, el gobierno nacional debió tomar deuda externa por más de 40 mil millones de dólares -sin contar los más de 11 mil millones que se destinaron al pago de los fondos buitre-, que pasaron a engrosar las reservas del BCRA, pero que se malvendían de inmediato, porque la tendencia alcista del dólar no da respiro.
Las reservas sumaban al 11 de noviembre, conforme el último dato suministrado por el BCRA, casi 38 mil millones de dólares, es decir 13 mil millones más que las que tenía el BCRA el 10 de diciembre de 2015, fecha de asunción del actual gobierno nacional.
Ese aumento es ilusorio, engañoso. En rigor hay una pésima gestión de los recursos públicos, porque a fin de año las reservas de la gestión Macri, Sturzenegger y Prat Gay deberán cancelar el préstamo puente suscripto el 29 de enero pasado, con un pool de bancos, por 5 mil millones de dólares, a pagar en 11 meses a una tasa del 7,31 %, lo cual supone que deberá efectuar un pago en diciembre de más de 5.350 millones de dólares.
Así, las reservas llegarán para el cierre del presente año apenas por encima de nivel, que tenían en diciembre 2015.
Pero hay un agravante medular. Las reservas recibieron a lo largo del año el sistemático ingreso de dólares provenientes de la toma de deuda externa, que en definitiva tuvo como destino la financiación de la fuga de divisas.
Si vamos a terminar el año 2016 con las reservas en estos niveles, cabe preguntarse ¿adónde fueron a parar los más de 44 mil millones de dólares que se pidieron prestado a acreedores internacionales?.
No queda nada de esa suma, sólo la obligación de devolverla.
Según se manifiesta en la denuncia, se aplicó deliberadamente otra herramienta para mantener deliberadamente bajo el tipo de cambio, los imputados decidieron aspirar pesos de la plaza con instrumentos financieros más atractivos que el dólar. Y, también, más ruinosos para el país, Las Lebac.
Estas letras en pesos emitidas por el BCRA con intereses astronómicos cuyo stock sumaba hacia finales del mes de octubre más de 685 mil millones de pesos, o sea superior al total de la base monetaria estimada para esa fecha en 670 mil millones de pesos. Se calcula que en el balance 2016 del BCRA, el impacto de las Lebac será del orden de los 200 mil millones de pesos.
Es reconocida la operatoria con las Lebac. Durante varios meses se transformó en el negocio financiero más rentable del mundo, con tasas que rozaron el 40 % anual en pesos, y un volumen monumental de operaciones que obedeció en buena parte al ingreso de dólares al país para operar exclusivamente en esa opción, inversores presurosos en llegar a la “zona liberada” por un gobierno y un Banco Central que les permite ingresar capitales especulativos y llevárselos a los 30, 60, 90 días, y aprovechar una tasa de ganancia en dólares imposible de igualar en ningún lugar del mundo.
Esta fiesta de los especuladores, los timberos, y la sistemática fuga de divisas que financia el BCRA con las reservas del estado nacional, es la herramienta de gestión elegida por los imputados para buscar el objetivo, ilegal, como vimos, de impedir que el tipo de cambio llegue al nivel que el juego de libre oferta y demanda determine.
Finalmente, los denunciantes sostienen que «este infierno de deuda que han generado Macri, Prat Gay y Sturzenegger es la consecuencia lógica de los instrumentos financieros que han empleado para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio, bajo la premisa de que ello contribuiría al freno de la inflación, cuestión que como resulta de público y notorio no ha sido resuelta ni mucho menos, sino antes bien se ha agravado de manera profunda y peligrosa para la estabilidad social».
Queda absolutamente claro que en la gestión de Macri, Prat Gay y Sturzenegger la cotización del dólar no respondió nunca al libre juego de la oferta y la demanda, sino a la estrategia de mantenerlo en niveles sensiblemente más bajos que los resultantes de aquella puja, a través de la intervención del estado.
Para ese esquema de intervención en la cotización del dólar acudieron a instrumentos que son ilegales de acuerdo a lo que han señalado Bonadío, Irurzun y Farah en el caso ya señalado, y decididamente perjudiciales para el conjunto del pueblo argentino, que sufre ya las consecuencias de un endeudamiento fenomenal que pone en peligro la sustentabilidad del sistema democrático, al tiempo que observa azorado como se agrava la crisis inflacionaria.
Es decir, no resolvieron el problema que ellos mismos generaron, al contrario, se agrava, y el estado de las cuentas públicas es dramáticamente peor que al momento de decidir estas medidas.
Claras señales de una administración deficiente, dañina para el patrimonio que custodian estos funcionarios, que no es de ellos sino de todos los argentinos. Acciones que denotan el quebrantamiento del deber de fidelidad que deben guardar los administradores a los dueños de los bienes que manejan.
Solo la justicia popular hará justicia. Los delincuentes juzgados por ellos mismos (sic)……