El Frente para la Victoria, el Frente Renovador, y el bloque Justicialista se unieron este martes para presionar a Cambiemos con la firma de un dictamen sobre un proyecto de ley consensuado que establece criterios sociales y federales para fijar las tarifas.
Se trata de una iniciativa conjunta aprobada en un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a tres días de la audiencia pública por la tarifa de gas.
Sin embargo, para ser tratado en el recinto, el proyecto deberá ser avalado por la Comisión de Presupuesto y hacienda, donde el oficialismo tiene el poder para trabar la discusión.
El texto abarca los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de prestación de agua potable, y contiene capítulos relativos a la “equidad federal”, la “protección social” y la “protección del empleo”.
“Son estándares mínimos que debería seguir el Gobierno”, explicó el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto (Justicialista), dado que es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de fijar el cuadro tarifario.
Por el mismo bloque, Pablo Kosiner indicó que el proyecto es discutido en un contexto donde “la sociedad ha restringido el consumo de alimentos” y hubo un “aumento de importaciones sin estrategia”.
“No estamos autorizados para fijar tarifas, pero estamos obligados a darle a este gobierno un marco de equidad tarifaria federal que hoy no tiene”, señaló el salteño.
En tanto, Alejandro Grandinetti (Frente Renovador) dijo que “agregar federalismo a la discusión no es solo una cuestión de costos: es la asignación de un derecho básico para tratar de que efectivamente avancemos hacia la pobreza cero”.
Darío Martínez, del Frente para la Victoria, lamentó que el Congreso no haya tratado antes este tema. “Parece que vamos detrás de los problemas, pero hay un Ejecutivo que va mucho más atrás”, advirtió.
El rechazo de Cambiemos fue fundamentado por la radical Alejandra Martínez y el macrista Guillermo Durand Cornejo, quien habló de un “proyecto panescénico”.
Martínez consideró que “lo único que se hace es obstaculizar un proceso que se está llevando a cabo con toda corrección” después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el tarifazo.
La legisladora sostuvo que la oposición “tiene una intencionalidad de ver qué rédito político sectorial se puede sacar, sin importar en absoluto la situación de la población”.
El misionero Alex Ziegler firmó un dictamen propio, al advertir que el proyecto de la mayoría “contiene el criterio de que la gente más pobre del país va a seguir sosteniendo el bienestar de la gente de los centros urbanos”.
El proyecto crea un “Régimen de Equidad Tarifaria Federal” que tiene por objetivo principal “evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan”.
Entre otras cosas, indica que “no se podrán fijar tarifas y costos mayores para zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en relación a otras de mejor calidad de vida”.
Además, “no se podrán fijar, para el resto de los usuarios del país, tarifas superiores a las que correspondan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Además, establece un sistema de “Tarifa Social Universal” para los servicios de gas, luz y agua potable, “con el objeto de garantizar a los hogares que se encuentren en situación transitoria o permanente de vulnerabilidad socio-económica el acceso a los mismos a través de un precio diferencial”.
Esta tarifa consistiría en una reducción no menor al 30 por ciento de la tarifa vigente para las micro y pequeñas empresas, cooperativas, fábricas recuperadas y pequeños contribuyentes.
