El viernes será una nueva prueba de fuego para el oficialismo en su afán de continuar con el tarifazo que golpeó a las clases medias y bajas. Es que tendrá que escuchar a todas las organizaciones que argumentarán para que la suba sea gradual, pero ya adelantaron que se implementarán de todas formas.
Según lo que mencionó Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), sostuvo que «estamos a cuatro días hábiles y no tenemos la información para prepararnos. A cuentagotas informaron sobre precios de Transporte y Distribución (los otros dos temas que se tratarán), y no hay información de gas en boca de pozo (GBP). Cuestionamos ese precio que dan por sentado. La Corte dejó en claro que se debe discutir».
En Tiempo Argentino Mariano Przybylski, abogado de La Multisectorial contra el Tarifazo, sostuvo que «tienen que estar en el expediente y ser precisos. La AP debe ser un espacio para debatir y el gobierno la quiere usar para informar. Si eso es así, vamos a pedir la nulidad».
«estamos a cuatro días hábiles y no tenemos la información para prepararnos», CLAUDIO BOADA
En el mismo sentido, varias otras organizaciones de defensa de usuarios y consumidores se expresaron en el mismo sentido. Es por eso que el gobierno también enfrentará una dura prueba en la que también se jugará su puesto el propio Ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Por su parte la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios mantiene un pedido de amparo en los tribunales de la Ciudad de Córdoba, donde el juez a cargo del juzgado Federal 3, Miguel Vaca Narvaja, debe resolver si dicta una medida cautelar que frene el brutal aumento a las pymes. En la acción interpuesta por APYME, se solicita que «la Justicia Federal se pronuncie sobre la legalidad del proceso de los cuadros tarifarios impuestos por el Gobierno Nacional”. Además se pide la “impugnación de las audiencias públicas, que tal como están convocadas contravienen las leyes vigentes y la Constitución Nacional”, indicó Eduardo Fernández, presidente de la entidad.
También destacaron las mismas irregularidades los diferentes representantes de fuerzas políticas de izquierda. Los miembros del sector político reclamaron información para abordar el debate en las audiencias, se trata de los mismos datos que el propio Ministros se negó a facilitar a los diputados en la requisitoria.
