El amparo interpuesto por APYME en los tribunales de Córdoba es el único que avanza judicialmente, luego que el resto de las acciones iniciadas por otras cámaras del sector fueran rechazadas por falta de legitimidad para litigar en nombre de las pequeñas y medianas empresas.
CAME, CGERA y la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), tuvieron un revés judicial, al no ser reconocidas como representativas del sector.
La jugada del gobierno pretendía desconocer la representatividad que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios ostenta desde hace casi 30 años.
En tanto, el juez a cargo del Juzgado Federal 3 de la capital cordobesa, Miguel Vaca Narvaja, resolvió el pasado 2 de septiembre la admisibilidad de la acción judicial iniciada por APYME, representada en el escrito por su presidente, Eduardo Fernández, el apoderado y Gerente General de la entidad, Roberto Ratti y el letrado patrocinante, Miguel Rodríguez Villafañe.
Por su parte el Estado Nacional, representado por una de sus abogadas, la Dra. María Leandra Cravero Piccione, intentó trabar la acción iniciada por APYME al interponer un planteo de Reposición e Improcedencia al carácter “colectivo” de las actuaciones iniciadas ante la justicia y solicitó se la rechacé “in límine”. La jugada del gobierno pretendía desconocer la representatividad que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios ostenta desde hace casi 30 años.
El magistrado que obra en la causa rechazó el intento del Ejecutivo al resolver que “no ha lugar” al recurso de reposición y de apelación en subsidio interpuestos por el Estado Nacional a la resolución de admisibilidad dictada por el juez.
De esta manera, el amparo solicitado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios es el único que avanza en el terreno judicial y podría frenar el tarifazo a las Pymes.
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