El gobierno tiene una visión sesgada en torno a la audiencia pública que la Corte Suprema ordenó llevar adelante para debatir la modificación del cuadro tarifario del gas. Desde la óptica macrista, solo reviste un obstáculo a sortear antes de ratificar el tarifazo.
Ayer se presentaron una serie de impugnaciones por parte de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y asociaciones de defensa a los consumidores, donde entre otras cosas, se objetó que solo se realicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y se extiendan a días y horarios inhábiles, propiciando de esta manera una baja participación ciudadana.
Pese a esta situación, el PRO entiende que igualmente se está cumplimentando con la indicación del supremo tribunal y defiende a capa y espada esta modalidad poco federal que, de realizarse en las condiciones que propone el gobierno, facilitan el objetivo de Macri: aumentar desproporcionadamente el precio que los usuarios y la industria pagan por el acceso a la energía.
Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió la decisión del gobierno nacional de llamar a audiencias públicas por la actualización de las tarifas sólo en la ciudad de Buenos Aires al entender que «lo importante es cumplir con el fallo de la Corte».
Consultado por la prensa al arribar al Consejo de las Américas que se desarrolla en el hotel Alvear del barrio de la Recoleta, Larreta remarcó que «la Corte Suprema dijo que había que hacer las audiencias y el gobierno las convocó al otro día».
Al ser consultado por su realización sólo en la Capital, el jefe de gobierno se limitó a señalar que «lo importante es que se cumpla el fallo».
