La decisión de la Corte Suprema de declarar la nulidad del tarifazo de gas y obligar al Gobierno a llevar a cabo las audiencias públicas que determina la ley fue un duro golpe para el oficialismo y un alivio para los consumidores.
Sin embargo, el hecho de haber limitado el fallo a los usuarios residenciales obliga a otros sectores como la industria y el comercio a recorrer un camino judicial paralelo para lograr que los aumentos desmedidos de las tarifas también sean anulados en sus casos.
Un comunicado del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino resume de algún modo la situación: «La corte nos dió la razón, el tarifazo es ilegítimo, pero el fallo dice mucho más que eso«, aunque «los empresarios Pymes tienen que recorrer el camino judicial para que finalmente nos ampare el derecho».
«Llamamos a todas las empresas afectadas a impulsar los amparos correspondientes, y documentar los daños y perjuicios producidos a la fecha por este vil y burdo tarifazo», expresaron desde esa organización.
«los empresarios Pymes tienen que recorrer el camino judicial para que finalmente nos ampare el derecho»
También reiteraron el pedido de renuncia al titular de la cartera de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y llamaron a confluir en la gran marcha federal que recorrerá el país desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre.
Los juristas interpretan que la resolución de la Corte abre la puerta a una masiva ola de amparos de comerciantes y empresarios, especialmente Pymes, que quedaron excluidos. El fallo también prepara el terreno para poner freno a los incrementos tarifarios de los servicios de luz y agua.
“El fallo deja la puerta abierta para que pymes y comercios vayan a la Justicia y si demuestran que representan adecuadamente a un colectivo, pidan la suspensión total del tarifazo”, explicó al sitio LPO Pedro Sisti, el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cespi), que presentó el amparo contra la suba del gas.
En comparación con los comerciantes y las Pymes, la actitud de la UIA es más cauta. Una de sus autoridades, José Urtubey, señaló que recién el martes próximo se reunirán para tomar una decisión, y confió en poder resolver el tema a nivel político sin llegar a la instancia judicial.
