La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó hoy a la Corte Suprema de Justicia ratificar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió el incremento de tarifas de gas en todo el país, en la víspera de la reunión del máximo tribunal en la que se podría dar un dictamen al respecto.
Pese a este dictamen, el presidente Mauricio Macri afirmó que se seguirá «en la misma dirección» en materia energética.
«Estamos dando los pasos correctos y esperamos seguir en esa dirección, dando un enorme espacio a la inversión, especialmente a la energía renovable», afirmó el presidente en la ciudad de La Rioja, donde añadió que «estamos empeñados en la otra crisis que recibimos, que sumada a la económica, hicieron de esto un escenario de partida muy difícil, que es la crisis energética», poniendo el acento en la supuesta pesada herencia, como hace habitualmente para justificar sus gruesos errores de administración
«el tarifazo podría afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas con lo cual se vulnerarían derechos humanos y fundamentales»
Gils Carbó sostuvo en su dictamen que la no realización de las audiencias públicas restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.
La ley 24.076 y el decreto 1738/92, indicó, disponen «expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria» y a la vez «fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables».
Sin audiencias previas «se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad» del incremento de la «tarifa final» que, en opinión de Gils Carbó, fue «un aumento extraordinario».
El dictamen de Gils Carbó -a quien el Gobierno de Macri intenta remover de la Procuración por su afinidad con el kirchnerismo- no es vinculante para la Corte Suprema, que según se prevé mañana podría dictar un fallo sobre el asunto.
La Procuradora destacó que el propio Gobierno admitió en su recurso ante la Corte Suprema que «la incidencia del aumento es, incluso, más severa para los consumos comerciales o industriales» porque «en algunos casos alcanzan el 1.500 por ciento».
«Las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales», consideró.
Para la Procuradora el llamado tarifazo podría «afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas» con lo cual se vulnerarían «derechos humanos y fundamentales», por ejemplo a «la alimentación y vivienda adecuada (…) a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita».
«El acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas -en especial, las pequeñas y medianas-, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo»
