Las declaraciones del presidente Macri en materia de terrorismo de Estado dispararon todas las alarmas en los organismos de derechos humanos, es que las opiniones vertidas por el jefe de Estado, no hacen otra cosa que desnudar la posición de quienes están al frente del Ejecutivo en esta materia.
Es evidente que a esta administración no le importan las luchas y reivindicaciones que se dieron en este ámbito a lo largo de la última década. Tampoco a la justicia, en virtud que le ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a varias decenas de represores condenados.
Los letrados reclamaron que «se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa».
«Creemos firmemente que estos hechos contrarían el Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costaran recuperar»
El pedido quedó plasmado en el documento final de las IV Jornadas de abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en el Auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo, en el predio de la ex Esma, y fueron declaradas de «interés institucional» por la Procuración General de la Nación.
Además, advirtieron que denunciarán «en los ámbitos internacionales las prácticas políticas negacionistas del Gobierno Nacional y los intentos de materializar la impunidad, en connivencia con jueces y funcionarios del Poder Judicial».
También solicitaron «una urgente reunión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, para exigir un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país y requerir la puesta en marcha de mecanismos que apunten a la aceleración de los juicios por crímenes de lesa humanidad».
El encuentro, que contó con la asistencia de fiscales de diferentes jurisdicciones y funcionarios de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, culminó hoy con una conferencia de prensa en la que difundieron el comunicado en el que pidieron que «la Memoria, la Verdad y la Justicia sigan siendo política de Estado».
También repudiaron «enérgicamente la persecución política, el hostigamiento y criminalización que se viene produciendo en este tiempo contra los trabajadores y luchadores sociales» y citaron los casos de Hebe de Bonafini y de Milagro Sala, a quien definieron como «una presa política de los gobiernos de (Gerardo) Morales y (Mauricio) Macri, cuyas condiciones de detención se han visto seriamente agravadas por estas horas».
«Creemos firmemente que estos hechos contrarían el Estado de Derecho y dañan a la Democracia que tanto nos costaran recuperar»
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta indicó que otro de los puntos fue sobre «la responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad», ya que señaló que «en marzo del año próximo está previsto que comience el juicio por el caso Ford contra dos directivos de esa firma».
Participaron del encuentro más de 100 abogados, representantes de ATE, SADOP, de Curas de Opción por los Pobres, Lita Boitano, por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Horacio Verbitsky, por el CELS y Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre otros.
