De esa forma se expresaron, los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, en medio de la suspensión de los aumentos tarifarios que, según el primero de los funcionarios, le implicaría un costo al Estado de 22.000 millones de pesos.
Aranguren adelantó, de todos modos, que el Gobierno realizará una «audiencia informativa» para dar a conocer el valor de «la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo», que será previa a la audiencia pública de octubre por el incremento del gas.
«los usuarios recibieron facturas inferiores a los 500 pesos y el 78 por ciento las pagó porque la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento». Aranguren
EL Gobierno se encuentra analizando la convocatoria a audiencias públicas para el gas y la electricidad, conforme lo establecen los respectivos marcos regulatorios.
En declaraciones periodísticas, Aranguren sostuvo que en el caso de las tarifas de gas «en el bimestre mayo-junio, el 87 por ciento» de los usuarios residenciales «recibieron facturas inferiores a los 500 pesos» y que «el 78 por ciento» de ellos las pagó porque «la gente reconoce que existe un problema de abastecimiento».
También destacó que si se retrotrajeran las tarifas a antes del aumento, «implicaría dar de baja a la tarifa social» que alcanza «al 28 por ciento de los hogares en el caso de la electricidad y al 41 por ciento en el caso del gas, sumando la garrafa social».
«Eso va a perjudicar a los sectores (más vulnerables, que son los que) queremos proteger», expresó el ministro de Energía, quien consideró que «las tarifas no las puede decidir la Justicia».
En ese sentido, sostuvo que «desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho (desde el Gobierno, con el incremento de las tarifas) está perfectamente justificado» y recordó que «venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito».
«Desde el punto de vista legal, todo lo que tiene que ver con la producción de gas y la generación de energía eléctrica, a partir de los marcos regulatorios y de la ley de emergencia pública, está en cabeza del Estados Nacional, que es el que tiene la capacidad de decidir cuál es el valor», enfatizó el ministro.
Por su parte, Garavano alertó que «hay medidas que jurídicamente están mal dictadas» y las calificó como «llamativas».
Asimismo, exhortó a la Corte Suprema de Justicia y al resto de los tribunales superiores a que intervengan y «ordenen algunas cosas que, claramente, parece que han tenido otras finalidades distintas a la de proteger a algunos usuarios en particular».
No obstante, reconoció que el Gobierno deberá convocar «a distintas audiencias» públicas por el incremento de la energía eléctrica y la suba en el valor del gas, antes de la fue programada para octubre próximo con el fin de concretar una «discusión integral de las tarifas».
Aranguren aclaró que «solamente está sometido a revisión, lo que incluye la audiencia pública, el valor del transporte y la distribución», que estimó en «el 60 por ciento de valor de la tarifa» que se recibe en los domicilios.
Respecto de las audiencias públicas, comentó que se realizarán en octubre «porque se tiene que cumplir con los marcos regulatorios», en la cual «detallaremos lo que heredamos y el nivel de gradualismo que hemos adoptado».
De todos modos, adelantó que el Gobierno realizará previamente una «audiencia informativa» para dar a conocer el valor de «la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo».
