La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), junto con las multisectoriales que actúan en todo el país, llamaron a la responsabilidad de los legisladores para que la sesión especial del Congreso Nacional de este miércoles esté a la altura de la emergencia que viven la población y el entramado productivo nacional, ante el grave perjuicio que está causando la errática e inequitativa política tarifaria que pretende imponer el Gobierno.
Según explicaron mediante un comunicado, «desde que comenzaron a emitirse las facturas de acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios, miles de Pymes y empresas de la economía social, que proveen el 80% por ciento del empleo, no saben cómo afrontarán sus costos en un contexto de retracción del mercado interno y de la actividad productiva».
Este conjunto de empresas no pide dejar de pagar los servicios, sino que se revierta la fijación de tarifas desmesuradas, exageradas e injustas, estipuladas sin un sólido fundamento que las justifique.
Del mismo modo que con la devaluación, la quita de retenciones y la desregulación financiera, todo indica que el único objetivo de esta medida es concretar otra brutal transferencia de recursos desde las Pymes, los trabajadores y las clases medias hacia un conjunto de grandes empresas privadas, en este caso las de energía.
desde apyme exigen que revierta la fijación de tarifas desmesuradas, exageradas e injustas, estipuladas sin un sólido fundamento que las justifique
Como corresponde al Estado de Derecho, es preciso que el Gobierno y las prestadoras de servicios públicos acaten integralmente el fallo de la Justicia que ordena retrotraer los cuadros tarifarios al mes de marzo, con la correspondiente refacturación, así como la realización de audiencias públicas reales. El nuevo intento del Gobierno de convocar a una “audiencia informativa” en forma unilateral, no es el camino para encarar soluciones en forma equitativa y sustentable para todos los argentinos. Antes bien, resulta una burla a las manifestaciones y reclamos de gran parte de la sociedad.
Asimismo consideraron que «tampoco es compatible con el orden institucional la presión que ejercen las autoridades del Ejecutivo sobre el Poder Judicial para que se defina la cuestión según sus propios términos, que parecen coincidir con los intereses de las grandes empresas privadas prestatarias de servicios».
Finalmente concluyeron advirtiendo que «como empresarios comprometidos con nuestra actividad y la sociedad en que vivimos, exigimos se provea al conjunto de la población de la mentada “seguridad jurídica” que todos necesitamos para poder desarrollarnos y vivir dignamente sobre la base de la producción y el trabajo, en un marco de equidad distributiva y normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
