Hoy comienza a funcionar el denominado «Régimen de Sinceramiento Fiscal» la única apuesta del gobierno para financiar el desastre financiero de cara al cumplimiento de los próximos vencimientos y el cierre de 2016 y 2017.
Pese a que los blanqueos nunca han funcionado en Argentina, en esta oportunidad el gobierno macrista cuenta con una ventaja, los países vienen acordando no recibir depósitos que no se encuentren declarados ante las autoridades de cada país y esto dejará expuestos a quienes tengan voluntad de esconder activos en el exterior. De tal modo, blanquear será una obligación si se quiere evitar un proceso penal por evasión y posible fuga de capitales.
La iniciativa fue reglamentada la semana pasada a través del decreto 895 publicado en el Boletín Oficial.
El director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, anticipó el viernes en conferencia de prensa que esta semana «explicaremos nuestra estrategia de inducción al contribuyente para que declare bienes» que hoy no están tributando.
El régimen apunta al blanqueo de tenencias de moneda nacional o extranjera en el país, depósitos en el país y en el exterior, bienes en general (inmuebles, acciones y participaciones societarias, objetos de arte y otros) existentes en el país y en el exterior, y la operatoria se activará desde mañana hasta el 31 de marzo de 2017.
Los interesados podrán consultar, utilizando su clave fiscal, y realizar el trámite de declaración de bienes en el país y en el extranjero, en las fechas de preexistencia establecidos para personas humanas (22 de julio de 2016) y para personas jurídicas (31 de diciembre de 2015).
Para ello, deberán ir al servicio «Ley 27.260 – Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior» disponible en el sitio Web de la AFIP, para individualizar los bienes que se declaran y su valuación.
Tras conocerse la reglamentación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña pronosticó el viernes que el blanqueo de capitales lanzado será un «éxito» y advirtió que «el Estado tomó la decisión política de cortar la evasión».
