El gobierno macrista sigue en su embestida contra la privacidad de los datos de las personas. El «Estado del marketing y las redes sociales» busca, a toda costa, quedarse con la mayor base de datos de la Argentina y usarla para «comunicación oficial», sin ponderar el riesgo que esto implica y el millonario negocio que surge en el manejo de la información contenida en ese registro. Ahora doblaron la apuesta y van por los datos del PAMI.
Pese a la denuncia penal presentada ayer por diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade contra el titular del PAMI, Carlos Regazzoni; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, por el convenio a través del cual se pasa el banco de datos de los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados al Gobierno nacional con información reservada bajo la ley de Protección de Datos de las Personas, como correo electrónico, teléfono, estado civil y nivel de estudio, que requieren del consentimiento de los ciudadanos para su utilización, el ministro coordinador, Rodolfo Frigerio manifestó una frase bastante poco feliz «entendemos que muchos todavía no hicieron el cambio de chip y que siguen pensando en esos términos (uso partidario de datos públicos), pero es algo que ni siquiera se puede llegar a discutir ni hablar».
EL GRAN HERMANO MACRISTA AHORA VA TAMBIEN POR LOS DATOS DEL PAMI
«A nosotros ni se nos pasa por la cabeza usar los datos de información pública para uso personal o partidario», remarcó el jefe de la cartera política, quien advirtió que esa práctica «forma parte de la política del pasado que tenemos que dejar atrás», intentó justificar Frigerio.
Durante una visita a la exposición rural que se desarrolla en el barrio porteño de Palermo, el ministro remarcó que «los datos del Estado se tienen que usar para mejorar las políticas públicas».
En tanto el juez federal en los Contencioso Administrativo, Ernesto Marinelli, se excusó de habilitar la feria judicial para resolver los amparos presentados por diputados del Frente para la Victoria y la abogada Vanesa Carreras con el fin de frenar el convenio por el cual la Anses le traspasa todo su banco de datos –con información protegida de 16 millones de personas– al jefe de Gabinete, con el argumento de que el mismo todavía “no entró en vigencia”.
Para el diputado del FpV, la secretaría a cargo de Grecco “no tiene capacidad material ni humana para procesar y clasificar ese nivel de información por lo cual eso se realizará a través de consultoras privadas que pasarán a manejar esa base de datos reservados que podrían terminar en manos de bancos o tarjetas de crédito”. Argumentos que Tailhade también volcó en la denuncia penal que junto al diputado Juan Cabandié realizó contra los funcionarios y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, por el traspaso de la base de datos de esa institución con datos protegidos de 16,5 millones de personas.
En tanto, el jefe de bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde sostuvo no hay que subestimar la vía parlamentaria. “La decisión del Gobierno de apropiarse de estas bases de datos para difundir propaganda oficial provocó el rechazo unánime de todo el arco opositor. La diputada (Alicia) Ciciliani (PS) ya presentó un proyecto que habrá que acordar y pedir una sesión especial para frenarlo por ley”.
